Según informó este miércoles la Comisión Interministerial de Inmigración, el pacto establece las medidas necesarias para dar solución a esta situación, atendiendo cada caso de forma individualizada y protegiendo los derechos fundamentales y el interés superior del menor.

El documento, que será firmado esta misma semana, se elevará de manera conjunta al Alto Tribunal para informar sobre las acciones realizadas en coordinación entre ambas administraciones, en un esfuerzo que el Ejecutivo central ha valorado "muy positivamente" tras meses de trabajo conjunto.

El Ministerio de Migraciones incorporará de forma inmediata en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores, identificados por la comunidad autónoma como solicitantes de protección internacional.

SEGUIMIENTO PERMANENTE

Un Comité Interadministrativo de colaboración mantendrá reuniones semanales durante el proceso de evaluación individualizada de cada expediente, con el objetivo de determinar la guarda material y el recurso de acogida más adecuado para cada menor.

El acuerdo se cerró tras la última reunión entre los servicios jurídicos de ambos Gobiernos, que incluyó a representantes de los ministerios de Política Territorial, Migraciones, Interior, Infancia y la Abogacía del Estado, emplazándose a un nuevo encuentro el próximo 1 de julio.

La próxima firma del documento supone un paso decisivo para resolver la situación de estos menores vulnerables, estableciendo mecanismos de coordinación permanente entre administraciones.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

El pasado 18 de marzo se logró la convalidación en el Congreso de un Real Decreto-Ley que permite la acogida de menores inmigrantes no acompañados en todos los territorios, una normativa largamente demandada por las comunidades con mayor presión migratoria.

Esta nueva regulación constituye una respuesta integral al desafío de la acogida, ya que contempla tanto a los menores que han solicitado protección internacional como a aquellos que no lo han hecho.

El texto normativo es fruto de un "esfuerzo inédito" entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario para impulsar una solución definitiva a esta problemática que afecta especialmente al archipiélago.

MARCO DE PROTECCIÓN

La iniciativa busca garantizar una atención adecuada a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que llegan solos a territorio español.

El sistema contempla mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones para asegurar una distribución equitativa de la responsabilidad en la acogida de estos menores.

La normativa establece un marco de protección integral que prioriza el interés superior del menor y garantiza sus derechos fundamentales, independientemente de su situación administrativa.