En un comunicado hecho público hoy, el Consejo de Gobierno señala que "como en todas aquellas cuestiones en las que interviene el señor Movilla (presidente del TSJC) y en vitud del Derecho Constitucional se acudirá al Tribunal Supremo, sin que por lo tanto nos veamos obligados ni jurídica, al no existir sentencia firme, ni moralmente a deducir consecuencias políticas".

El Ejecutivo utónomo califica de "sorprendente la sentencia dictada por el señor Movilla" contra Manuel Pérez y resalta el voto particular emitido por el magistrado José Redondo, del que señala que "conmueve y alienta que aún existan personas capaces de defender la verdad y el espíritu de las leyes". Para el Gobierno de Cantabria, el voto particular de Redondo es "una pieza magnífica de argumentación jurídica".

"El consejero de Economía ha sido condenado por cumplir con sus obligaciones, por defender un interés cocreto de esta diputación regional como es el intentar cobrar las deudas que mantienen numerosos ayuntamiento de la región, especialmente los gobernados por los socialistas", añade el comunicado.

Después de señalar que "la sentencia deja indefensa a diputación regional para recuperar las deudas que por importe de 4.000 millones adeudan los ayuntamientos", el Gobierno de Cantabria muestra su convicción de que el Tribunal Supremo tendrá en cuenta el voto particular emitido.