Este proyecto de ley viene a ampliar el decreto emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1993, el primero en su género, por el cual sólo los altos cargos de la Junta (de director regional a presidente). Cuando se apruebe el nuevo proyecto de ley, todos los cargos de la comunidad autónoma estarán obligados a prestar fe notarial obre sus posesiones.

Según el Consejero de Administración Pública del gobierno de José Bono, Siro Torres, en el texto del proyecto de ley se incluirán a aquellas personas nombradas por decreto del Ejecutivo manchego, y a todo el personal de confianza, asi como directivos de empresas públicas dependientes de la Administración autónoma.

Todos, explicó Siro Torres, "tendrán que presentar dos meses después de su nombramiento, una declaración notarial de sus bienes, intereses y actividades, que se irá actualizando cada año, hasta la fecha de cese, momento en que se contrastarán los datos".

El consejero negó que el Gobierno regional haya redactado el nuevo texto legal "ante el interés demostrado por la sociedad en los asuntos de corrupción". En su opinión, "se ha mejorado y perfeccionado el dispositivo de control ya existente desde 1983".

Las declaraciones notariales de los cargos públicos manchegos serán custodiadas por la Mesa de las Cortes Regionales, institución que será la única competent para fijar los mecanismos por los cuales un ciudadano podrá conocer esos documentos.