Además, proclama que "ante la amenaza creciente de los discursos de odio y la desinformación en las plataformas digitales, el Gobierno apuesta por la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, así como el impulso de políticas antirracistas que garanticen la igualdad de trato".

El texto subraya “la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia”.

En ese sentido, el Gobierno se reafirma en la defensa activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, “pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna”.

También se compromete a la promoción de políticas antirracistas que garanticen la igualdad de trato y la erradicación de cualquier forma de racismo y discriminación.

La declaración institucional reconoce los desafíos pendientes y hace referencia a la creciente amenaza que supone el discurso de odio racista y la desinformación en las plataformas digitales. A través de las redes sociales “se facilita la propagación y normalización del odio y la polarización de nuestras sociedades, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias”.

Entre las líneas prioritarias de acción, el texto destaca el impulso de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la infradenuncia, con herramientas como el teléfono 021, destinado a la atención a víctimas de racismo y reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria.

Además, hace mención a la próxima puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, que garantizará el cumplimiento de la normativa, reforzará la protección de las víctimas y velará por la efectiva erradicación del racismo estructural y la discriminación racial o étnica, en línea con los compromisos internacionales y europeos en esta materia.