Así lo indicó la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El objetivo del Gobierno es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, desde una perspectiva interseccional, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la reparación integral del daño sufrido. Asimismo, en el ámbito de la política para el desarrollo y de la acción humanitaria", dice la declaración que también denuncia que "la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan una forma de esclavitud moderna que utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos".

"España continúa avanzando en este marco internacional con firmeza, desde el liderazgo de las políticas feministas, en pro de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para la consecución de una sociedad igualitaria, mediante la promoción de una ley integral contra todas las formas de trata y la explotación de seres humanos, y la puesta en marcha de políticas públicas que, en cumplimiento de los compromisos asumidos, procuren la erradicación de la explotación sexual y la trata de personas, y sitúen la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción", añade.