Según informó el Ejecutivo autonómico, entre sus principales novedades, ordena y moderniza el funcionamiento del sector público y mejora su sistema contable, avanza en la planificación presupuestaria y el control financiero, refuerza la comunicación y la transparencia con la Asamblea y conlleva una reforma profunda de la Ley de Subvenciones.

De esta manera, se definirá la naturaleza de las sociedades mercantiles del Gobierno regional, incluyendo a las que forman parte de un grupo, y dentro de estas a las contempladas en el supuesto del artículo 42 del Código de Comercio. Se adapta así a la normativa estatal y se reconoce la realidad específica de estos entes en la región.

Además, la nueva Ley de Hacienda supone la regulación más clara de las operaciones económicas, ordenando aspectos antes contemplados en los presupuestos, como las operaciones financieras activas, y establece una diferenciación entre Tesorería General, que abarca todo el sector público salvo universidades, y la Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes sin gestión propia en esta materia.

En este sentido, destaca la exclusión expresa de las universidades públicas y sus entes dependientes de los presupuestos generales del Gobierno de Ayuso, a pesar de formar parte del sector público autonómico. Esta supresión se realizó, según indicó, con el objetivo de respetar la autonomía universitaria.

Asimismo, se incorporan novedades relativas a cuestiones como la programación plurianual a medio plazo y la estabilidad presupuestaria, y también se legisla un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en materia de personal.

También se renuevan y modifican, cuando sea necesario, todos los temas relativos a la Hacienda autonómica, como derechos y obligaciones, ingresos, política financiera, o auditorías y control, entre otros.

SIN DUPLICIDADES

Esta propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo releva y deroga la anterior Ley 9/1990, con más de 30 años de existencia. En este tiempo aparecieron figuras legales, como fundaciones o consorcios, que hacían necesaria su actualización, con el fin de evitar duplicidades y adaptarla a la normativa europea, estatal y autonómica vigente.

También se anula la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, ya que la nueva norma incorpora y desarrolla la remisión de información a la Asamblea de Madrid por parte de la Administración regional.

Además, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la nueva Ley quedan derogadas. De esta forma, el Gobierno autonómico incide en la lucha contra la “hiperregulación”, eliminando legislación desactualizada o con carácter redundante o innecesario.