Así figura en el real decreto-ley de vivienda publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que introduce una limitación extraordinaria de las actualizaciones de los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cuya anualidad se cumpla desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027.

Para el resto, propietario e inquilino podrán pactar la actualización de la renta. Si no llegan a un nuevo acuerdo, el incremento máximo aplicable será del 2%. De esta forma, el Ejecutivo recupera temporalmente este límite que ya utilizó anteriormente para contener las actualizaciones de los alquileres.

Una medida similar estuvo vigente tras el inicio de la guerra de Ucrania, desde junio de 2022 y durante todo 2023. La Ley de Vivienda fijó un límite del 3% para 2024 y desde 2025 las actualizaciones están vinculadas al nuevo índice estatal creado para este fin.

El Gobierno ya intentó recuperar una limitación extraordinaria al 2% mediante un real decreto aprobado en marzo, aunque aquella norma fue posteriormente derogada tras no superar su tramitación en el Congreso. La continuidad de esta limitación está supeditada, de nuevo, a la convalidación del decreto este viernes.