Sánchez Naranjo compareció en la Comisión de Función Pública del Senado, donde detalló que el Ejecutivo está trabajando en diferentes iniciativas normativas para conseguir esa independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Por un lado, citó el proyecto de la conocida como Ley de Lobbies, que se encuentra “en avanzada tramitación parlamentaria en el Congreso”. El texto otorga “una amplia potestad sancionadora en la materia” a la Oficina, que tendrá competencias para incoar, instruir y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores.

La secretaria de Estado defendió que detrás de la Ley de Lobbies hay “un enorme esfuerzo por parte de los grupos para tratar de abordar enmiendas transaccionales” y pidió el respaldo de la Cámara para poder aprobar la norma.

Por otro lado, se refirió al anteproyecto de Ley de Administración Abierta, también en tramitación, y aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en octubre de 2025. “Tiene por objeto reforzar aún más la autonomía funcional y la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses”, puntualizó.

Entre las medidas para garantizar la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses, Sánchez Naranjo aludió al Plan de Lucha Contra la Corrupción, también de 2025. El Gobierno ha seguido avanzando en ese Plan con la aprobación, hace unas semanas, del Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, pare reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción.

La secretaria de Estado explicó a los senadores que una de las medidas de esa ley es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, “con plena autonomía orgánica y funcional respecto del gobierno, de las entidades integrantes del sector público, de los poderes públicos y de cualquier otra entidad pública o privada”.

“Prevé que la nueva Agencia asuma las funciones que en la actualidad ostentan diversas autoridades administrativas y órganos preexistentes, entre ellos la Oficina de Conflicto de Intereses, responsable de velar las incompatibilidades de los cargos públicos. Además, asumiría también las nuevas competencias sobre sobre los grupos de interés”, precisó Sánchez Naranjo.