Ambas cosas se las pidieron los consejeros de Educación del Partido Popular, según explicó a la prensa la responsable de las políticas educativas en Madrid, Mercedes Zarzalejo, que calificó la medida del grupo de trabajo de “tongo” porque “el trámite va a seguir adelante” y, según cree, no va a alterar la tramitación del anteproyecto. “No sirve para nada”, lamentó tras tres horas de reunión de la Conferencia Sectorial de Educación en la sede del Ministerio en Madrid.

La consejera resumió el contenido con una conclusión: “Esto son lentejas, si quieres las tomas y por supuesto las pagas”.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, explicó tras el encuentro que la creación del grupo de trabajo responde a las ganas de consenso que tiene el Ejecutivo y que incorporará “matices” al anteproyecto y se “enriquecerá”. También reiteró, como dijo antes de la cita la ministra, que “el proyecto de ley debe seguir adelante” porque es muy demandado por sindicatos y profesores.

“El anteproyecto sigue su curso y tiene su hoja de ruta”, remarcó el secretario de Estado al ser preguntando por si se retrasará la implementación de la reforma, como pidieron las comunidades autónomas, que aseguraron que aplicarla a partir del próximo mes de septiembre no les da margen de maniobra.

De la Rosa aseguró que muchas comunidades autónomas ya cumplen con algunas de las propuestas que recogerá el texto al referirse del impacto económico que tendrá el texto. Asimismo, hay que tener en cuenta que el descenso de la población también hará descender esas ratios de alumnos por aula.

RATIOS Y HORAS

El anteproyecto plantea establecer ratios de un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Los alumnos con necesidades educativas especiales computarán doble y también se contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas.

Con ello, el Gobierno trata de impulsar “un marco básico común en todo el territorio respetando competencias”, indicó la ministra antes de hablar con los consejeros. Tolón también se refirió a que tiene un calendario previsto de que “esas mejoras se apliquen de forma progresiva hasta el curso 2031-32”, plazo que según ella “permitirá a las comunidades autónomas adaptarse a la realidad”, aunque la implantación progresiva ya marca algunos cambios a partir del próximo curso 2026-2027.

Según Zarzalejos, las comunidades gobernadas por el PP pidieron “retirar” el anteproyecto durante dos meses para que las autonomías fueran escuchadas, como responsables de las competencias en materia educativa, pero el Ejecutivo se negó para cumplir con su compromiso de impulsar esta ley en línea al eslogan que se ha repetido desde educación, también con la ministra Pilar Alegría, de que ésta sería "la legislatura del profesorado".

NO REALISTA

Antes del encuentro la consejera andaluza, Carmen Castillo, aseguró a los periodistas que el texto “no es realista”. En la misma línea se manifestó la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Tomasa Hernández, que trasladó su “descontento por el ninguneo y total falta de lealtad institucional en la redacción” del anteproyecto, pues “no ha contado para nada con las comunidades autónomas”. “La ministra no gestiona educación, salvo en Ceuta y en Melilla”, precisó.

El consejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno, concretó que el cómputo doble de los alumnos con necesidades educativas especiales no podrá entrar en vigor el próximo curso. Pidió que se conjugue “con una medida curricular que establezca un desfase de dos cursos”.