Así lo expuso la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se dio el visto bueno a dicha norma, recogida en el plan de recuperación.

Montero destacó que se regula “por primera vez” en España las relaciones entre los grupos de interés, conocidos como ‘lobbies’, con el sector público y se crea un registro en el que deberán estar incluidos para “garantizar esta transparencia”. El registro estará disponible en el Portal de Transparencia y en la Oficina de Conflictos de Intereses.

El registro incluirá “datos relevantes” como el domicilio, la sede, información financiera, la parte imputable a la actividad de influencia o reuniones que se mantienen con el personal público de la Administración General del Estado (AGE).

Además, los lobbies registrados deberán cumplir con un código de conducta como no ofrecer regalos a gestores públicos.

Quedarían excluidos como lobbies las propias administraciones públicas, organismos, organizaciones internacionales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, entre otros.

Por otra parte, Montero informó de que la norma también “combate las llamadas ‘puertas giratorias’”, de manera que un alto cargo público que cese en su puesto no podrá realizar actividad de influencia relacionada con sus tareas durante los dos años siguientes a su cese, para lo que se modifica la ley reguladora del alto cargo en la Administración General del Estado (AGE).

Se elaborará una memoria de impacto de cada ley que “va a permitir seguir quiénes, en qué momento y sobre qué materias han participado” a la hora de elaborarla.

El anteproyecto incorpora un régimen sancionador para los lobbies con sanciones que serán proporcionales a la gravedad de las actuaciones cometidas y podrá suponer hasta la expulsión del registro de grupos de interés hasta tres años y así no poder concurrir en la elaboración de una ley.

Con esta ley, “España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés y responde por añadido a una demanda de la sociedad civil”, concluyó Montero.

Al ser preguntada sobre si hay tiempo para tramitar esta norma, Montero afirmó que lo hay porque el Ejecutivo "tiene previsto agotar la legislatura". También comentó que "vamos bien" en el calendario de reuniones en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

ACENTO CELEBRA LA NORMA

Acento Asuntos Públicos celebró este martes que se apruebe en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, continuando así su tramitación iniciada con la consulta pública previa finalizada en mayo de 2021.

Desde la creación de la consultora hace tres años, Acento ha reivindicado que el sector tenga una regulación específica que garantice la transparencia y la profesionalización en los asuntos públicos.

En este sentido, Alfonso Alonso, presidente de la firma, aseguró que “contar con un marco normativo de referencia aumenta la transparencia que ya existe sobre la actividad de los grupos de interés, y especialmente contribuye a la profesionalización del sector, entre otras cosas procurando las mismas reglas del juego para todos, tanto para la administración como para el sector privado”.

Confió en que el Gobierno envíe pronto la norma a su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, destacando que “se trata de una oportunidad para garantizar la integridad en la comunicación entre los decisores públicos y todo tipo de actores del sector privado, que normaliza nuestra actividad y que nos sitúa a la vanguardia, como sucede en otros países de Europa o fuera de Europa”.

Dijo que fruto del compromiso de Acento a este respecto, la compañía se ha incorporado a todos los registros de ámbito local e internacional existentes para los ‘lobbies’, como el Registro de Transparencia de la Unión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Registro de Grupos de interés de Castilla-La Mancha, entre otros, con el objetivo de trabajar siempre desde la transparencia y la ética profesional.