Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Sebastián indicó que el observatorio recogerá datos de 4.000 establecimientos de toda España.

De este modo, permitirá estudiar la evolución de los precios en función de los distintos territorios, de las distintas marcas y grupos de productos. Por ello, recogerá información de 56 ciudades, las 50 capitales de provincia, las ciudades autónomas, Gijón, Vigo, Jerez de la Frontera y Talavera de la Reina. Estas últimas 4 ciudades han sido seleccionadas por tener más población que su capital de provincia.

De cada uno de los 188 productos analizados, el informe ofrecerá la comparación entre cinco tipos de establecimientos (hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, comercios especializados y mercados municipales) y de las 20 principales marcas de ámbito nacional y las 10 más importantes de ámbito autonómico, si las hubiere.

El estudio, que Industria pretende tener listo en noviembre, se revisará cada trimestre y estará disponible en Internet para que el ciudadano pueda obtener la información necesaria para determinar qué marca y en qué tipo de establecimiento le resulta más conveniente adquirirlo.

Para Sebastián, esta iniciativa permitirá luchar contra los posibles márgenes abusivos entre la producción y el consumidor manteniendo el principio de la libertad de precios y de forma más eficaz que otro tipo de iniciativas, como el doble etiquetado, que según el ministro "tiene poco éxito porque conlleva una enorme burocracia y costes a las empresas que provocan un efecto contrario al perseguido".

Con el observatorio, el Gobierno persigue obtener mayor transparencia en el proceso de formación de precios ya que "permitirá el estudio en profundidad de los puntos débiles de la cadena de valor y de los saltos no deseados", agregó Sebastián.

Por otro lado, se refirió a otros aspectos relacionados con el comercio, entre los que destacó la futura transposición de la directiva de servicios europea, "un voluminoso reto normativo que supone la revisión de 7.000 normas diferentes que afectan a todos los sectores".

Por ello, el Gobierno creará en primer lugar "una ley paraguas", que remitirá en breve al Parlamento, que marcará los principios generales y creará el marco jurídico de referencia.

Para Sebastián, la transposición de la directiva "es una oportunidad que no debemos desaprovechar a pesar de que se produzca en un momento difícil ya que permitirá simplificar, depurar y modernizar procesos de gran incidencia en nuestra actividad económica, eliminando trabas injustificadas existentes en la actualidad".

Asimismo, indicó que dicha transposición obligará a la revisión de la ley de comercio minorista y anunció que el borrador de dicha modificación se trasladará en breve a los sectores afectados, entre ellos la gran distribución.

Entre los cambios, Sebastián destacó que la instalación de grandes establecimientos requerirá una única autorización que integrará todos los trámites y será concedida por la CCAA o el ayuntamiento correspondiente, que se suprimirán los criterios económicos y se mantendrá únicamente el de razones imperiosas de interés general que, por regla general, la duración de las autorizaciones será ilimitada y que considerará su otorgamiento por silencio administrativo.

También se simplificarán los registros de venta a distancia y franquiciadores, se permitirá la comunicación a posteriori del inicio de actividad, se suprimirá la autorización previa para venta automática y se revisarán las sanciones y cuantías de las mismas acorde con el tamaño de la empresa y repercusión del sector.

En definitiva, según Sebastián la nueva ley defenderá la libertad de establecimiento pero "no será una barra libre cuándo, dónde y cómo se quiera".