Así lo detallaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, que señalaron que las oficinas consulares hasta el 31 de marzo de este año registraron 2,4 millones de peticiones de citas para presentar la solicitud.

Este ministerio indicó que se han presentado 1,2 millones de solicitudes en las oficinas consulares, de las que han sido aprobadas 544.722 personas, mientras que se han practicado 306.000 inscripciones realizadas en el registro.

La conocida como 'ley de nietos' -norma 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática- establece en su disposición adicional octava la adquisición de la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. Esta posibilidad se reconoce cuando, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, estas personas hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

"Uno de los avances más importantes", según detallaron las fuentes del Ejecutivo, consiste en reconocer el derecho de los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por contraer matrimonio con un ciudadano extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

Así, destacaron que la norma "se está cumpliendo con un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española".

CRÍTICAS AL PP

Por ello, reprocharon al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "frivolice" y "manosee" esta norma y los derechos adquiridos por las víctimas, "reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es de justicia, porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España". El líder del PP criticó el sábado que este proceso sea "ingeniería electoral" para "fabricar nuevos electores".

Desde Política Territorial señalaron que "hablar en los términos en los que ha hablado el señor Feijóo es una profunda irresponsabilidad". "No solo porque pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites, sino porque también se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles", añadieron.

Desde el Gobierno consideraron que la formación popular "está poniendo palos en las ruedas a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho a ser igual de españoles que ellos". "El PP está aplicando su sesgo ideológico a una cuestión fundamentalmente de derechos" y recordaron que "votó en contra de la ley en su conjunto". Sin embargo, reprocharon que durante la tramitación parlamentaria aceptó la existencia de un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados, proponiendo únicamente modificar su alcance mediante enmiendas para eliminar la condición de exilio por orientación sexual y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieran la nacionalidad al amparo de la ley.

"DISCRIMINACIONES HISTÓRICAS"

Asimismo, señalaron que el PP, en su recurso de inconstitucionalidad, no planteó derogación de la disposición adicional octava de la ley, que establece la nacionalización. Así, rechazaron que esta norma constituya un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y de restitución de derechos. "Corrige discriminaciones históricas en la transmisión de la nacionalidad española", valoraron.

También señalaron que España no es una excepción, ya que otros países europeos cuentan con mecanismos que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar. "La ley española sigue una tendencia internacional consistente en preservar el vínculo con las comunidades nacionales establecidas en el extranjero", defendieron.