Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas hoy por Servimedia indicaron que el Gobierno no tiene previsto reanudar las consultas con sindicatos y empresarios, y consideraron concluida la ronda de conversaciones, tras la reunión celebarada el miércoles de la semana pasada.

También se mostraron onvencidos de que la oposición de la CEOE a la ley no llegará muy lejos "porque el anuncio, el año pasado, de un boicot a la ley de control sindical de los contratos se ha quedado en unas 70 denuncias".

El principal motivo de oposición patronal a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la creación del delegado de prevención en las empresas, figura que, según la CEOE, aumentará el poder sindical por encima de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Los empresarios denuncian asimismo que esa nueva representación sindical supondrá un incremento de las horas libres remuneradas a cargo de la empresa, y aseguran que no están dispuestos a sufragar el coste resultante.

REPRESENTACION

La ley reconoce el derecho de los trabajadores a elegir entre un mínimo de un delegado de prevención, para centros con menos de 30 empleados, y un máximo de 7, si son empresas con más de 5.000. En el primero de los casos, disponen de un derecho sindical de 20 horas emuneradas, mientras que en el último es de 40.

Además, recoge la posibilidad de que el comité de empresa apruebe, con el 75 por ciento de los votos, la paralización de la actividad laboral en caso de riesgo para la seguridad o la salud de los empleados, así como el traspaso de esa competencia al nuevo delegado de prevención.

Prevé también la creación de comisiones provinciales de salud laboral, encargadas de designar técnicos capacitados para realizar inspecciones y velar por el cumplimiento de a normativa de salud laboral.

SANCIONES

Del incumplimiento de la ley por parte de los empresarios podrán derivarse responsabilidades no sólo administrativas, sino también civiles y penales. Además, la Administración podrá vetar en la contratación pública a las empresas infractoras, por un periodo de tres años en los casos de sanciones administrativas y de cinco en los delitos penales.

Una de las principales novedades de la futura ley consiste en que las empresas condenadas por accidentes laboraes que provoquen el cobro de prestaciones de la Seguridad Social, como pensiones de invalidez, deberán abonar, junto a la correspondiente sanción administrativa, un recargo de entre el 30 y el 50 por cien en sus cotizaciones.

Entre los sectores señalados por la ley como de alto riesgo laboral destacan los de minería, construcción, explosivos, madera, pesca, transporte pesado y aéreo, marina mercante, gran parte de las ramas del metal (siderurgia, construcción naval y reparación de vehículos), así comolas actividades de cantera (cemento, cerámica, yeso y cal, entre otras).