En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem).

En concreto, la declaración fue aprobada respecto a los incendios en Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martin de Unx (Navarra).

Estos fuegos afectaron a una superficie de unas 52.000 hectáreas (de las que 31.000 se concentran en la provincia de Zamora, concretamente en la Sierra de la Culebra) y requirieron la movilización de más de 1.800 efectivos y 612 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como 24 aviones anfibios y 3 helicópteros de extinción, 14 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y 4 aviones de coordinación.

Además del daño medioambiental, estos incendios obligaron a la evacuación preventiva de casi 4.000 personas y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser plenamente cuantificados.

ALGUNAS MEDIDAS

Entre las medidas de recuperación previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, hay ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), por destrucción o daños en enseres de primera necesidad (límite de 2.580 euros) y por destrucción total de la vivienda habitual (máximo de 15.120 euros).

También hay ayudas de hasta el 50 de daños causados a la estructura de la vivienda habitual (máximo de 10.320 euros), por otros daños en la vivienda habitual (máximo de 5.160 euros), por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios (máximo de 9.224 euros).

Igualmente, se prevén ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes (el importe total de los gastos), a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos (hasta 9.224 euros) y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables (entre el 50% y el 100%, según los casos).

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

OTRAS MEDIDAS

El acuerdo aprobado prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas.

Así, podría haber beneficios fiscales, ya que el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

También se prevén medidas laborales y de Seguridad Social, pues los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, podrían repartirse ayudas a las corporaciones locales a cargo del Ministerio de Política Territorial por un importe de hasta el 50% a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Y podrían concederse ayudas por daños en infraestructuras públicas y dominio público, a cargo de los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, que declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.