En una entrevista, el ministro ha sacado el caso del proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero al ser preguntado por el voto en contra de Junts a 24 leyes del Gobierno y su voto no favorable a otras 21 que están en tramitación.

“Mano tendida en la negociación que corresponda a cada una de las normas” que se vayan a llevar y las que están ya en el Congreso, ha sido la respuesta del ministro, que se ha apoyado en que hay normas en favor de los ciudadanos poniendo como ejemplo la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero en respuesta al choque con Junts.

Y es que este partido ha anunciado esta semana enmienda a la totalidad a 24 leyes, que ha especificado, así como a 9 que van a entrar en el parlamento y su voto no favorable a 21 que están acabando su tramitación y que no ha concretado cuáles son.

En los registros del Congreso constan 51 proyectos de ley en tramitación, entre ellos, la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que acumula un largo periplo y se remonta a la legislatura anterior. El último paso dado en el Congreso fue en noviembre del año pasado, cuando se aprobó la avocación por el Pleno, de manera que acumula un año pendiente de que la ponencia, un grupo reducido de diputados, elabore el dictamen de la ley y lo remita al Pleno. De aprobarse en el Pleno, pasará al Senado, donde, si se enmienda de nuevo, deberá retornar al Congreso.

El ministro de Economía ya dijo este verano que su aspiración era que esta norma quedara aprobada en este año y que iban a “elevar el tono” con los grupos para impulsarla, y en esta semana ha asegurado que está "a punto" de salir.

Durante la tramitación, el PP presentó una enmienda a la totalidad que contó con el voto en contra de Junts. Está por ver qué sucederá finalmente con esta norma cuando se eleve al Pleno.

Esta ley forma parte de un conjunto de reformas e inversiones asociadas al séptimo pago de fondos europeos, dotado con 8.147 millones en transferencias no reembolsables a las que se suman préstamos. También se incluye en este séptimo pago la Ley de Movilidad Sostenible y la de atención a la clientela, dos de las cinco a las que Junts sí va a dar apoyo, mientras rechazará la Ley de Familias. Tampoco sostendrá la de universalidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Industria, asociadas al sexto pago, el próximo que el Gobierno va a solicitar.

Cabe recordar que el 31 de agosto de 2026 finaliza el plazo para recibir los fondos correspondientes al plan de recuperación y España aún tiene pendientes recibir unos 92.000 millones, la mayor parte en préstamos. El Gobierno ya ha confirmado que presentará “en próximas fechas” la que será la quinta adenda al plan de recuperación con el objetivo “ser capaces de asegurar la ejecución completa de los fondos”, dado que el margen es de 10 meses.