Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados a petición propia para hablar sobre el blindaje constitucional del derecho al aborto y sobre el anteproyecto de ley sobre violencia vicaria, ambas inactivas presentadas recientemente por el Gobierno.

La ministra defendió que la reforma para incluir el derecho del aborto en la Constitución pretende reforzar la dimensión prestacional del aborto, puesto que la libertad de decisión de las mujeres ya está garantizada, pero considera que existen desigualdades territoriales en cuanto a la prestación del servicio sanitario, lo cual genera que “no esté 100%” garantizado este derecho al completo para generaciones futuras.

También mencionó que el 79% de los abortos practicados en 2024 fueron en centros sanitarios privados, lo cual refuerza la necesidad de impulsar este servicio en la sanidad pública. Asimismo, la propuesta del Gobierno busca abrir un debate “sereno, riguroso y con vocación de un acuerdo amplio”.

Redondo incidió en que esta reforma “no es una cuestión ideológica”, sino que es una cuestión de “salud pública y de igualdad de acceso a un servicio sanitario esencial”. Explicó que la iniciativa busca incluir el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, que trata sobre la protección de la salud, añadiendo un cuarto apartado en el que se reconocería la obligación del sistema público de salud a prestar este servicio.

El Gobierno optará por ejecutar esta reforma de la Carta Magna a través del procedimiento que explica su artículo 167, que recoge la posibilidad de una reforma ordinaria que requiere de mayorías cualificadas de las Cámaras parlamentarias para su aprobación (3/5 del Congreso de los Diputados y 3/5 del Senado).

Este tipo de cambios relacionados con las cuestiones de igualdad deben ir “acompañados” de una política pública que promueva una educación afectivo-sexual “integral, científica y respetuosa” como instrumento de libertad e igualdad. Así, Redondo pidió que se impulsen programas educativos que formen en “respeto, empatía, libertad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres” en toda España.

VIOLENCIA VICARIA

Explicar el anteproyecto de Ley contra la violencia vicaria para definirla y tipificarla en el Código Penal (CP), ya presentado por el Ejecutivo, fue otro de los motivos de la comparecencia de la titular de Igualdad. Esta nueva ley incluye modificaciones de otras normas.

Para la definición jurídica, se modificó el artículo 1.4 de la Ley de medidas contra la violencia de género, ampliando el elenco de víctimas que se recogía en esta última. Se establece que la violencia vicaria es la que, con el fin de causar sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos o menores de edad en su tutela, sus ascendientes, su pareja o exparejas.

Para tipificar la violencia vicaria en el Código Penal, se incorpora un nuevo artículo 173 bis, como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años. También se incorpora una nueva pena “accesoria”, a su artículo 70, que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, imágenes u otros contenidos sobre el delito cometido, para que no sucedan casos como el del libro ‘El odio’ sobre José Bretón.

La ministra también explicó que este anteproyecto modifica la Ley del Poder Judicial, añadiendo una “oferta obligatoria” de formación de los operadores jurídicos, incluyendo la violencia vicaria en las pruebas de ingreso y promoción y en la formación especializada y continua.

OTRAS POSICIONES

Las diputadas del Partido Popular y Vox Patricia Rodríguez y Maria de los Reyes Romero, respectivamente, mostraron su completa oposición a las propuestas expuestas por Redondo. Rodriguez recrimino a la ministra no haber comparecido en esta comisión para hablar sobre el escándalo de las pulseras antimaltrato y aseguró que el blindaje del aborto “reabre debates pasados” a los que el PP no “contribuirá”.

Romero afeó a Redondo que explique estas propuestas con el fin de “tapar” la presunta corrupción y escándalos que rodean al Gobierno y como “estrategia de distracción”. Pidió que se eliminen las políticas de igualdad y defendió el “derecho a la vida” porque “matar a los hijos es repugnante”.

Por su lado, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Agirretxea, pese a que mostró su apoyo a los derechos de las mujeres, discrepó en el contenido del blindaje del aborto al no estar de acuerdo con que se haga mediante una reforma del artículo 43 de la Constitución y considera que “no hay necesidad ni es el momento” de proponerlo. La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Pilar Vallugera compartió estas discrepancias y mostró su apoyo al anteproyecto de violencia vicaria.

Finalmente, las diputadas de Sumar Verónica Martínez y Esther Gil de Reboleño, y la socialista Lidia Guinart apoyaron la comparecencia de la ministra y arremetieron contra la “ola reaccionaria” anti feminista de la ultraderecha, que el Gobierno busca combatir con este tipo de iniciativas.