El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer lunes que el Consejo de Ministros en su reunión de este martes desclasificará los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Por el momento, se desconoce si se desclasificarán todos los documentos concernientes a esta materia o si, por el contrario, se primarán algunos. Desde el Gobierno se remiten a la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Consejo de Ministros que presidirá, como todos los martes, la ministra portavoz, Elma Saiz.

Fuentes gubernamentales señalaron que la desclasificación se hará efectiva mañana miércoles, 25 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa, según apuntaron.

La noticia cayó por sorpresa entre los socios de investidura de Sánchez, quienes aprovecharon para apremiar al Gobierno a avanzar con la Ley de Secretos Oficiales que, según afirmaron, "está estancada en la fase de enmiendas". Así, desde el PNV exclamaron un "¡ya era hora!" para saludar la decisión de Sánchez. La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió también sumar a esta desclasificación de documentos la del caso Zabalza.

El mismo camino siguió la portavoz de EH Bildu la Cámara Baja, Mertxe Aizpurúa, quien señaló que se trata de una "buena noticia" que "debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave y la sociedad vasca reclama y merece conocer".

"Este paso demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos y desclasificar también los papeles de la masacre del 3 de marzo de la que se cumplen 50 años, de los Sanfermines del 78, del caso Zabalza o de los relativos al GAL", añadió.

Desde ERC criticaron más el anuncio ante la posibilidad de que sea una nueva "cortina de humo". La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró este lunes que su partido teme que la desclasificación de documentos del 23-F sea "nueva cortina de humo de Sánchez” que emplea ante su “falta de liderazgo y de gestión” al frente del Gobierno de España.

La republicana apuntó que “no deja de ser noticia que 45 años después se desclasifiquen unos informes del 23-F” y añadió que es “un síntoma de la ‘calidad democrática’ que existe en el Estado”.

LEY "FRANQUISTA"

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, celebró la desclasificación, aunque consideró insuficiente la decisión que mañana se adoptará en el Consejo de Ministros. De ahí que Maíllo instó a Sánchez a aprobar una nueva ley de secretos oficiales que derogue la "franquista" antes de que acabe la legislatura.

En la mísma línea, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, describió la desclasificación como "una buena noticia", pero que "no es suficiente", e instó a desbloquear el proyecto de Ley de Información Clasificada que lleva medio año "atascado en el Congreso".

Casi idénticamente, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, tildó de "insuficiente" la desclasificación y reclamó que el Gobierno tiene que impulsar una reforma de la ley de secretos oficiales.

En cambio, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en redes sociales al poco de hacerse público el anuncio, se limitó a reivindicar en primera persona del plural la decisión de Sánchez: "Queremos que en uno de los episodios más oscuros de nuestro país entre la luz, porque la democracia no se protege con silencios, sino con memoria y transparencia", escribió, glosando que sacarlo a la luz es "un acto de responsabilidad con nuestro pasado y compromiso con un futuro más democrático y fuerte".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, puso como fecha finales del año pasado para sacar adelante en el Congreso la Ley de Secretos Oficiales. En su momento, la norma no convenció a parte de los socios de investidura de Sánchez, y algunos como el PNV pidieron reducir los plazos del Ejecutivo a la hora de desclasificar los documentos.

Incluso los socios del Gobierno, es decir, la parte de Sumar, también reclamó modificar la parte sancionadora de la norma y que no se clasificara como reservada la información que pudiera ser "relevante" en un proceso judicial en el que se persigan conductas contra la dignidad humana.

Sin embargo, la norma sigue estancada en fase de presentación de enmiendas en la Cámara Baja, mientras cumplidos los 45 años desde el golpe de Estado, el Gobierno se tiene que adelantar a su aprobación para cumplir y desclasificar los asuntos relacionados con el 23-F.