Así lo avanzó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que mañana toda la ciudadanía española podrá acceder a estos documentos de los hechos comprendidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto a través de la web de Moncloa.

El Gobierno señala que actúa así "con transparencia" y avanzó que se trata de 40 documentos que requerían desclasificación. Asimismo, especificó que si existen más documentos, por supuesto, el Ejecutivo los hará públicos.

Saiz también exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ponga al lado del Gobierno y no crispe. "El señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición" y deseó por ello que "se colocara al lado del Gobierno y dejara de abrazar las teorías conspiratorias".

Tal y como destacó la portavoz, con esta desclasificación y posterior publicación, el Ejecutivo da “un paso más” en el compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información”.

Se trata, según detalló, de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), para los cuales era necesaria esa desclasificación. A ellos se suman otros documentos policiales, como los del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), unidad que, en el documento aportado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, ya apuntaba, tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio, a la implicación de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su “permisividad” y haber ejercido un “guiado activo de la masa” hacia Ceuta. Algo que la magistrada destacó al decidir abrir una causa para investigar lo ocurrido.

Así, el Gobierno cumple con la promesa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo la pasada semana en el Congreso de los Diputados, cuando dio orden de "publicar un dosier con todos ellos para que la ciudadanía los puedan examinar por sí mismos". E incluía tanto los previos a la avalancha como los posteriores, en concreto, entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

El Gobierno mantuvo desde el primer momento que ninguno de los informes previos vaticinaba una avalancha como la ocurrida y que se trataba de alertas “recurrentes”. Además, insistió en que ninguno de los posteriores señalan a Marruecos como autor intelectual de esa entrada masiva. Eso sí, Sánchez ya dejó claro que, de confirmarse esa responsabilidad de Rabat, actuarían con "total contundencia". En cualquier caso, reconoció cierta "inacción" de los gendarmes marroquíes.