De este modo, el Gobierno dará cumplimiento al compromiso de Sánchez de dar a conocer estos informes, tras señalar que no tiene "nada que ocultar", por lo que anunció que había dado orden de "publicar un dosier con todos ellos para que la ciudadanía los puedan examinar por sí mismos". E incluía tanto los previos a la avalancha como los posteriores, incluidos los del CNI entre el 1 de julio y el 1 de agosto, lo que implicaba su desclasificación por parte del Consejo de Ministros.

Desde el primer momento, el Ejecutivo ha mantenido, por un lado, que ninguno de los informes policiales o de inteligencia vaticinaban algo como lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio, y que lo único que se hacía referencia en los previos eran alertas rutinarias.

Y, por otro, tras la entrada masiva, ha mantenido que tampoco se señala a Marruecos como autor de esta. Tampoco en el elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional solicitado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. En él se hace referencia en varias ocasiones al papel que tuvieron las Fuerzas de Seguridad marroquíes , destacando su “total permisividad” y un “guiado activo de la masa” hacia Ceuta, dando “indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera”.

Sin embargo, el Gobierno, y el propio Sánchez en su pasada comparecencia, han insistido en que en él no se señala directamente a Marruecos. Eso sí, el jefe del Ejecutivo dejó claro la pasada semana que, de confirmarse esa autoría intelectual, actuarían con "total contundencia". En cualquier caso, reconoció cierta "inacción" de los gendarmes marroquíes.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha defendido en todo momento la colaboración de las autoridades marroquíes tras la crisis, remarcando que su ayuda permitió que el 90% de los que accedieron a Ceuta regresaran a Marruecos.