El Ejecutivo ha respondido por escrito a preguntas parlamentarias de Vox sobre “la oposición de SAPA a la fusión de Indra con Escribano” y sobre las “relaciones económicas o contractuales mantenidas por Indra con Servinabar o con algún accionista de Servinabar, así como participación de Santos Cerdán en alguna de las reuniones y existencia de relación entre SAPA y Servinabar”.

La contestación aduce que “son los directivos de la compañía los responsables del gobierno de la misma” y "los accionistas, incluida la SEPI, ejercen sus derechos políticos en el seno del Consejo de Administración y toman las decisiones alineadas con sus legítimos intereses y los de la compañía”.

“Respecto de las relaciones que afectan a las sociedades Indra, SAPA y Servinabar, no corresponde a la SEPI el conocimiento de las reuniones que hayan podido mantener. Ni a la SEPI ni a la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) les corresponde indagar en las reuniones de las empresas, ni la participación de la SEPI en el Consejo de Administración de Indra le faculta para ello”, señala la respuesta a la que ha tenido acceso Servimedia. El Gobierno agrega que tampoco corresponde a la SEPI “investigar las relaciones económicas y financieras entre Sapa Placencia y Servinabar”.

FINANCIACIÓN A SAPA

En cuanto a la financiación concedida a SAPA, el Ejecutivo afirma que “se hace cumpliendo con lo establecido en la normativa de creación del Fondo, así como con el convenio aplicable y con el Manual del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip)”.

“El seguimiento del destino de los fondos no es responsabilidad de la SEPI, los fondos corresponden al Ministerio de Industria y Turismo, la SEPI no supervisa ni gestiona el fondo, cuestiones que le corresponden a la Sepides”, remarca la respuesta parlamentaria.

Por otro lado, el Gobierno también ha respondido a Vox, en otra respuesta parlamentaria, a una pregunta sobre si existe riesgo de retraso o paralización de los programas industriales vinculados a los compromisos con la OTAN debido al conflicto judicial entre Santa Bárbara Sistemas y la unión empresarial formada por Indra y Escribano Mechanical and Engineering.

Según el Ejecutivo, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, "los contratos administrativos pueden continuar su ejecución al no existir a la fecha resolución judicial firme que acuerde expresamente su suspensión.