Además, el Gobierno tendrá que comprobar, a través de los Ministerios de Justicia y Exteriores, la ausencia de antecedentes penales de los migrantes que, mediante una declaración responsable, acrediten no haber podido conseguirla por su cuenta para la solicitud de esta regularización.

En los casos en que el Gobierno no pueda comprobar esta ausencia de antecedentes penales, Migraciones incidió en que lo estudiarán, pero no pretenden “señalar” a ningún país por ello, según explicaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estas mismas fuentes dijeron que se está desplegando un plan de acción para abordar todos los expedientes y esos 600 trabajadores que se prevén que estén resolviéndolos son 200 de personal fijo de la UTEX y unas 400 personas que se incorporarán.

Estas mismas fuentes afirmaron que el impacto presupuestario de la regularización será “neutro” y aseguraron que los refuerzos que se han hecho de personal han sido acordes al amplio volumen de expedientes que se esperan tener que gestionar.

Aunque el departamento dirigido por la ministra Elma Saiz busca centralizar toda la gestión de este proceso en la UTEX, habrá apoyo de oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos, combinando vías telemáticas y presenciales.

En su caso, Migraciones estima que el medio millón de extranjeros que se beneficien de esta regularización serán alrededor de unos 250.000 migrantes por la vía del arraigo y otros 250.000 por la vía de la Protección Internacional (PI), es decir, el asilo.

Así pues, Migraciones establece estas dos vías para regularizar y espera que sea un procedimiento “ágil” y poder tener resueltas las solicitudes alrededor de septiembre.

En el caso de las personas solicitantes de asilo que se beneficien de esta regularización, Migraciones explicó que deberán desistir del primer trámite de PI cuando se les conceda la regularización de forma definitiva. Además, estos solicitantes que ya tengan un procedimiento abierto de solicitud de asilo continuarán bajo ese cauce y requisitos.

En cuanto a las prorrogas de esta regularización, se podrá prorrogar durante cuatro años sin requisitos adicionales en casos especiales (personas en edad de jubilación, personas con enfermedad grave o discapacidad y familiares de estos, cuando se trate de cónyuge o descendientes de primer grado).

En otros casos, para quienes acrediten un empleo y quienes no tengan empleo pero estén en su búsqueda también podrán prorrogar esta medida por cuatro años. En el caso de las personas que no puedan acreditar ni estar trabajando ni en su búsqueda, se podrá emitir un informe de integración por parte de las entidades sociales competentes para ello, con el fin de que puedan prorrogar también esta medida el mismo tiempo.

Asimismo, la situación de vulnerabilidad de los migrantes para este proceso se deberá acreditar con informes de vulnerabilidad que podrán emitir Entidades Colaboradoras de Extranjería con un simple formulario y también Servicios Sociales.

Además, de este proceso quedarán fuera las personas apátridas, que en su mayoría son saharauis, porque España cuenta ya con un estatuto específico de protección para personas apátridas, con lo cual ya están cubiertas por otro marco legal de protección.

Este real decreto de regularización se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana y el jueves se iniciará el plazo para presentar solicitudes por vía telemática y para tramitar cita previa para hacer la solicitud presencialmente.

La atención presencial comenzará el próximo lunes, con cita previa. El proceso finalizará el próximo 30 de junio, justo antes de que entre en vigor el Pacto europeo de Migración y Asilo.