A través de un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes valoraba así las referencias a España que la Comisión Europea hace en su 'Informe sobre el Estado de derecho 2026'. En el mismo sitúa al país como uno de los más avanzados de la UE en digitalización judicial y subraya los avances del país en este ámbito.

El Ejecutivo destaca que el dictamen comunitario resalta que la reforma judicial en España "ha mostrado ya unos tempranos resultados positivos, incluida la reducción en un tercio de los nuevos litigios civiles, vinculada con el nuevo requisito del recurso previo a un medio alternativo de resolución de controversias".

El departamento que dirige Félix Bolaños remarcó que Bruselas elogia la creación de 500 plazas judiciales y 200 fiscales, la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal de la historia, que incrementa el número de jueces por habitante, así como la mejora de la remuneración y las condiciones laborales de jueces y fiscales.

NIVEL DE DIGITALIZACIÓN

El Gobierno también alude a que las autoridades comunitarias valoran el consenso existente en torno a la transformación emprendida en el sector judicial en España. Argumentan que los sectores profesionales implicados "comparten de manera muy mayoritaria una opinión positiva sobre los elementos principales de la reforma", que introduce una nueva estructura basada en los tribunales de instancia y recursos judiciales comunes.

El informe recoge además que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), llevada a cabo en 2024, permitió recuperar el funcionamiento ordinario del órgano y facilitó el nombramiento de cerca de dos centenares de altos cargos judiciales, con "impacto positivo en el trabajo del sistema de Justicia en su conjunto".

Por primera vez, según remarcó el departamento de Bolaños, Bruselas reconoce que cualquier reforma del sistema de elección de los vocales jueces debe partir del consenso, haciéndose eco de las ventajas e inconvenientes señalados por la Comisión de Venecia para cada modelo posible.

El dictamen alude también a la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación parlamentaria tras su aprobación en octubre. Sobre esta iniciativa, señala que es "un paso adicional en el refuerzo del estatuto del Fiscal General del Estado", al desvincular su mandato del Ejecutivo y trasladar la investigación penal a los fiscales.

En materia de digitalización, el informe europeo asegura que "el nivel general de digitalización de la Justicia en España es uno de los más altos en la Unión Europea", y cita como ejemplos la digitalización del Registro Civil, la integración de la inteligencia artificial y la implantación de la Carpeta Justicia.