En Cataluña se han licitado cinco lotes en dos contratos, que incluyen el mantenimiento de gran parte del trazado de la AP-7 y la AP-2, además de la B-30 y la reparación de algunas estructuras. El plazo de duración, incluyendo las posibles prórrogas es de 5 años, con posibilidad de prórroga adicional de un máximo de 9 meses.

Por su parte, en Madrid la licitación se distribuye en dos contratos. Las actuaciones tienen por objeto la conservación de diferentes tramos a lo largo de más de 50 kilómetros de la A-4, la implantación de sistemas de contención en ambas calzadas de la A-4 entre los kilómetros 5,1 y 52,3y de gran parte del recorrido de la A-2.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Estos contratos se basan en el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado que persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

También se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.