Los criterios adoptados para la distribución de estos fondostoman en cuenta de forma ponderada la población minera activa, la actividad subterránea y a cielo abierto, la exposición a la siniestralidad, el número de explotaciones y la superficie de actuación.

El Plan de Seguridad en Minería se aprobó en 1987. Su objetivo fundamental es el establecimiento de unas bases de actuación que hagan posible la disminución progresiva y permanente de los índices de accidentalidad en la minería, a través de una serie de acciones ordenadas que canalicen y permitan que las iniciativas y recursos de las diversas Administraciones autonómicas, con un carácter más regional y descentralizado, se desarrollen de forma convergente con las acciones que competen a la Administración General.