Según recoge el texto del real decreto, publicado el 27 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre las actuaciones a subvencionar están también acciones de sensibilización en materia de racismo y delitos de trata de seres humanos y violencia contra las mujeres.

Las ayudas se enmarcan en las actuaciones previstas para el desarrollo territorial sostenible de este enclave de especial protección. Las subvenciones se concederán de forma directa mediante convenios entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 ayuntamientos beneficiarios del entorno de Doñana: Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa.

La financiación total asciende a 2 millones de euros, repartidos según criterios de población, peso de la población inmigrante y existencia de asentamientos. Un millón de euros financiará "actuaciones de prevención y sensibilización destinadas a la población de origen extranjero" en materia de "trata de seres humanos, explotación sexual y laboral y violencia contra las mujeres, y lucha contra los delitos o incidentes de odio y xenofobia".

Según el real decreto, "estos proyectos incluirán actividades de diagnóstico, implementación y seguimiento de actividades de sensibilización destinados a colectivos específicos implicados en esta temática, incluyendo potenciales víctimas".

El otro millón de euros previsto se destinará a actuaciones dirigidas a la promoción y difusión de "la nueva normativa en materia de extranjería, y especialmente de aquellas figuras que pueden tener un mayor impacto en la situación administrativa de la población del perímetro de Doñana".

ASENTAMIENTOS DE TEMPOREROS

Según el texto aprobado por el último Consejo de Ministros, con estas acciones se pretende "divulgar y dar a conocer la normativa que pueda tener un impacto positivo en la situación administrativa de la población migrante".

En concreto, las subvenciones a favor de los ayuntamientos se destinarán a financiar proyectos destinados a trabajar con organizaciones que ya tienen contacto directo con la población extranjera, colocar puntos de información en lugares frecuentados por personas trabajadoras extranjeras, como centros comunitarios o lugares de trabajo; establecer oficinas móviles que visiten áreas con alta concentración de personas trabajadoras extranjeras para acercar la información a la población temporera o aquellos destinados a la puesta en marcha de una línea telefónica de consultas para aclarar cuestiones relacionadas con la situación administrativa de la población migrante.

La necesidad de poner en marcha estas acciones se sustenta, entre otros motivos, según se admite en el texto del real decreto, a que en "estos territorios reside tanto población migrante en situación administrativa regular como otras personas migrantes que trabajan como temporeras en el sector de la agricultura, independientemente de su situación administrativa".

Al respecto, argumenta el texto, "tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Pueblo andaluz han reiterado, en varias ocasiones y ante las distintas Administraciones, la necesidad de prestar la debida atención a la situación de las personas que viven de forma temporal o permanente en los asentamientos de las personas temporeras agrícolas".