En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España precisó que esa cifra asciende a 173.300 millones de euros si se suma la liquidación del año 2024, con lo que el aumento sería del 7,7% y alcanzaría “la cifra más alta de la historia”. El ministro de Hacienda insistió en que la cantidad aprobada este martes es un 64% superior a la última aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Las entidades locales recibirán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en 2025, y un 67,5% por encima de 2018. Si se tiene en cuenta la liquidación de 2024, el volumen de fondos para las entidades locales ascenderá a 30.073 millones de euros disponibles para financiar los servicios de proximidad.

Esta mejora en ocho años en las partidas tanto para las comunidades autónomas como para las entidades políticas ha sido posible gracias “a las políticas económicas del Gobierno” y a los “mayores ingresos públicos”.

El ministro de Hacienda recordó que es la tercera vez que el Gobierno aprueba el real decreto de las entregas a cuenta, que decayó las dos veces anteriores en su tramitación parlamentaria. Por esta razón, pidió a los grupos político y, en concreto, al PP que no vuelva a ocurrir lo mismo.

España les invitó a “reflexionar y convalidar” una medida que es buena para las comunidades autónomas y las entidades locales y que, además, ellas mismas han pedido a Hacienda. El ministro se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para conseguir su voto favorable y que “no pase la factura a las comunidades autónomas por ganarse un titular en el congreso”.

España insistió en que este volumen de recursos para las comunidades y las entidades locales es histórico y lamentó que muchos ciudadanos “no lo vean reflejado en los servicios públicos”, como la sanidad o la educación, competencia de los gobiernos autonómicos.

“Siempre se habla solo de ingresos, pero es un momento bueno para reflexionar sobre las competencias de las comunidades autónomas”, planteó el ministro de Hacienda. También se preguntó si ese dinero está yendo a recortar las listas de espera y a mejorar las condiciones laborales de los profesores, como los de la Comunidad Valenciana, o si se destina a bajar los impulsos a las rentas altas y privatizar los servicios.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

El ministro de Hacienda informó de que el real decreto aprobado este martes también contempla que los ayuntamientos que tengan superávit presupuestario en 2025 puedan destinar esos recursos a inversiones financieramente sostenibles (IFS), sin que compute a efectos de regla de gasto.

Hacienda calcula que esto puede beneficiar a 2.544 entidades locales con un volumen de recursos de 3.168 millones de euros para IFS. El plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

El texto aprobado este martes en el Consejo de Ministro incluye como novedad el establecimiento de un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

“No necesitaremos habilitación legal de nuevo, sino que se podrá utilizar el remate de 2025 y las previsiones de los próximos cuatro años también, en función de estimaciones”, dijo el ministro en la rueda de prensa.

El titular de Hacienda aseguró que esta medida servirá para dar estabilidad y proyección a las políticas de vivienda, de manera que se refuercen las medidas del Gobierno, dando capacidad a los ayuntamientos para invertir en vivienda.

El Ministerio precisó en una nota de prensa que el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento registró superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

España insistió en la importancia de convalidar el decreto en el Congreso y avisó de que “no se entendería que el PP no respaldara estas medidas”. “En el Gobierno de España ponemos los mayores recursos de la historia en manos de las comunidades autónomas y las entidades locales, pero pedimos que las comunidades autónomas lo destinen a las prioridades de sus ciudadanos, como la sanidad y la educación”, subrayó.

OTRAS MEDIDAS

Las Entidades Locales con una situación financiera saneada no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El real decreto también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.