Así lo admitió en Ejecutivo que preside Pedro Sánchez el 29 de enero de este mismo año en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia, que desvela que los fallos del sistema no se limitaron únicamente al proceso de migración licitado cuando Irene Montero era ministra de Igualdad, sino que continuaron después con el nuevo adjudicatario.

En concreto, “el servicio estuvo degradado desde las 16.15h del día 17 de julio hasta las 11.50h del día 18 de julio de 2024". En aquellas dos jornadas, "el sistema de monitorización detectó el fallo en el mismo momento que comenzó la incidencia a las 16.15h”, según plasmó por escrito el Gobierno cuando este mes de enero contestó a una pregunta formulada en el Congreso de los Diputados por el parlamentario del BNG Néstor Rego.

El diputado gallego había preguntado medio año antes “sobre inoperatividad del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) durante 24 horas para mujeres que sufren violencia machista”.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno informó a Rego de que “la migración del servicio al nuevo adjudicatario finalizó el 8 de marzo de 2024”, con lo que este incidente se habría producido cuatro meses después, ya con el nuevo adjudicatario. Sin embargo, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicó este lunes en una entrevista a TVE que las “disfunciones” de datos en las pulseras se originaron por un trasvase de información entre empresas adjudicatarias del servicio del Sistema Cometa y en otra entrevista a la cadena SER dijo que la migración abarcó de junio a noviembre de 2024.

Rego explicó por escrito al Parlamento que en marzo de 2024 el Ministerio de Igualdad anunció una “actualización” de las pulseras de control telemático de maltratadores “con el fin de superar los fallos de cobertura y falsas alarmas del anterior sistema”, proceso que se llevaría a cabo “en tres meses”. El texto del diputado, fechado el 19 de julio de 2024, reclamaba explicaciones al Ejecutivo porque “desde Igualdad indicaban que el objetivo consistía en ampliar el número de dispositivos y proteger mejor”.

En la mencionada respuesta al Congreso, el Gobierno recalcó que el incidente de julio se debió a “una caída puntual de una parte de la solución tecnológica que afectó exclusivamente a la plataforma de agregación de comunicaciones y que fue debida al fallo de un subsistema” y que "la totalidad de la plataforma y los dispositivos se mantuvieron operativos a excepción de ese subsistema”.

Por ello, subrayó que, “en todo momento, el servicio se mantuvo operativo y las usuarias protegidas, puesto que la solución de 'back up' prevista para mitigar las incidencias y posibles problemas técnicos de la solución principal funcionó correctamente, aunque sin todas las funcionalidades”.

RIESGOS Y AVISO POR MAIL

“Las medidas automáticas de minimización de riesgos se basan en que el sistema tecnológico activa automáticamente las medidas de respaldo que están definidas por protocolo para garantizar la protección de las víctimas de violencia machista. De manera adicional, el Centro de Control Cometa activó el protocolo de información a todas las delegaciones provinciales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), distribuyendo una circular donde se especificaba la tipología del incidente y el estado de la operación en la Sala Cometa”.

“En caso de fallo masivo -añade la respuesta parlamentaria recogida por Servimedia-, los propios dispositivos alertan a la víctima del estado del sistema con información en pantalla y mediante sonido para que toda víctima esté informada de la problemática y extreme las precauciones”, y que “en ningún momento” los agresores reciben “notificación alguna del problema del sistema”.

“De manera adicional, los dispositivos 'smartphone' de la víctima entran en modo de escaneo para detectar cualquier acercamiento del brazalete del investigado/encausado/condenado a menos de 100 metros”, concretó el Gobierno, que explicó que “en el caso de esta incidencia, de acuerdo con el protocolo, las victimas recibieron un aviso para que extremaran la precaución y se les informó mediante el mecanismo automático que tienen los dispositivos en caso de fallo y que consiste en notificaciones en pantalla en el dispositivo y alarmas sonoras”.

Además, “la Sala Cometa estuvo dando soporte telefónico a las víctimas que requerían mayor detalle durante la duración del incidente” y “activó el protocolo marcando la tipología del incidente” y comunicó “vía 'e-mail' a las cabeceras provinciales de cada cuerpo de protección”. Asimismo, los administradores de Cometa “realizaron notificaciones a las FFCCSE, además de seguir dando servicio a las víctimas que se ponían en contacto”.

“Desde la detección de la problemática, el equipo técnico estuvo sin descanso revisando la plataforma y planificando su recuperación hasta la total recuperación. Se han puesto adicionalmente medidas correctivas para que la problemática no vuelva a producirse”, zanjó el Ejecutivo el 29 de enero.

PRESIÓN EN EL CONGRESO

Otros grupos parlamentarios y partidos políticos también han preguntado en el Congreso de los Diputados por el funcionamiento del Sistema Cometa y la protección de las víctimas ante incidentes con los dispositivos. En otra pregunta dirigida a la Mesa del Congreso el 6 de marzo, el Grupo Plurinacional Sumar se interesó por la situación en Canarias, “con solo dos puestos técnicos por provincia en un territorio insular fragmentado para atender la instalación de estos dispositivos”, lo que según el partido que forma Gobierno con el PSOE, “compromete gravemente la eficacia de esta herramienta vital”, protestó Sumar en vísperas de la migración.

“Esta situación no sólo retrasa la activación de las medidas de protección sino también expone a las mujeres a riesgos inminentes”, concretaron los diputados Nahuel González y Engracia Rivera en su texto a la Mesa del Congreso, recogido también por Servimedia.

Sumar urgió al Ejecutivo a “buscar soluciones inmediatas para las carencias detectadas en Canarias”. “Es preciso que el Gobierno evalúe esta situación con la seriedad que merece y tome medidas efectivas que aseguren una protección real para las víctimas de violencia de género”, continuó, el Grupo Plurinacional, que consideró entonces “imperativo” actuar “con determinación” para garantizar que los avances tecnológicos y los recursos disponibles “se traduzca en una protección tangible para todas las mujeres, en Canarias y en el resto de España”.

El Gobierno respondió el 12 de abril de 2024 que “el servicio integral del Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, es prestado por la empresa privada adjudicataria (UTE formada por Vodafone y Securitas España) por contrato público de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género”. “El servicio incluye tanto la entrega de los dispositivos, el control de las alarmas y alertas que se generan como la desinstalación de los mismos. Está previsto que se incremente el número de efectivos”, detalló el Gobierno.

DATOS DE PULSERAS

Sin embargo, las estadísticas de violencia de género del Ministerio de Igualdad indican que en marzo de 2024, cuando se inició la migración, había 4.810 dispositivos operativos; en julio del año pasado, cuando se produjo el fallo reconocido al BNG, se contabilizaron 4.817. En enero, cuando el Gobierno respondió al diputado del BNG, Igualdad computó 4.549 dispositivos funcionando y, según los últimos datos disponibles, de julio de 2025, este verano estaban operativas 4.515 pulseras en maltratadores.

“Para mejorar el seguimiento y protección de las víctimas está previsto avanzar en la interconexión del Sistema de seguimiento con dispositivos con VioGén. Por último, cabe señalar la ampliación de funciones en materia de violencia sexual de la Red de Unidades de Violencia sobre la Mujer y Unidades de Coordinación sitas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio”, añadió la respuesta a Sumar.

Más breves fueron las respuestas que el Gobierno dio por escrito al Grupo Popular sobre el tema. Según otras preguntas parlamentarias consultadas por Servimedia y fechadas el 5 de marzo y el 20 de junio de 2024, respectivamente, los ‘populares’ se interesaron por los dispositivos telemáticos activos en 2023 en el Principado de Asturias contra la violencia de Género. El Ejecutivo contestó a ambas (el 12 de abril y el 23 de septiembre) de forma explícitamente más breve remitiendo al principal partido de la oposición a consultar los datos en la web del Ministerio de Igualdad.