El Ejecutivo hace esta consideración en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago había preguntado por la concesión a reclusos etarras del “régimen de semilibertad” por parte del Gabinete que preside el lehendakari, Imanol Pradales.

Monago afirmaba en su pregunta que “la percepción de opacidad o automatismo en estos beneficios erosiona la confianza en el Estado de derecho”. A este respecto, el juez de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, comunicó este miércoles la anulación del “régimen de semilibertad” a los etarras Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre.

Por el contrario, Castro autorizó un permiso de seis días a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. En las tres resoluciones judiciales, el magistrado incluye que estas decisiones deben comunicarse a las víctimas de estos terroristas.

“ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS”

A la información a las víctimas se refiere también el Gobierno en su contestación al senador Monago, en la que se apunta que las autoridades vascas, al tener ya la competencia penitenciaria, deben dar cuenta a los que han sufrido atentados del “cumplimiento” de penas por parte de los etarras que los cometieron.

En este sentido, el Gabinete de Pedro Sánchez explica que “la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria fue transferida mediante el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, a la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

A este respecto, se añade que, tras este traspaso, “corresponde al Gobierno vasco informar a las asociaciones de víctimas de las cuestiones relativas al cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo en el ámbito de sus competencias”.

También se apunta que los “cauces de coordinación” con las autoridades judiciales de los centros penitenciarios que son competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior están establecidos en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y en su Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.