El Ejecutivo hace esta consideración en una respuesta por escrito enviada al Congreso, donde los diputados de Vox Andrés Alberto Rodríguez y Carina Mejías habían preguntado sobre el “motivo” por el que “han aumentado las denuncias por corrupción en contratos públicos”.

Estos parlamentarios aludían así a la apertura en los últimos años de causas penales en las que se investiga el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos. Así ocurre con el 'caso Mascarillas' y el sumario en el que se investiga al exdirigente socialista Santos Cerdán y a otras personas por el presunto amaño de adjudicación de obras públicas.

En esta contestación recogida por Servimedia, el Gabinete de Pedro Sánchez expresa su “compromiso” con el “fortalecimiento de los mecanismos de prevención de los delitos de corrupción”. En este sentido, alude a que, el 17 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para la Democracia, que incluía distintas medidas dirigidas a luchar contra la corrupción “que se encuentran ya casi totalmente ejecutadas”.

Al mismo tiempo, se destaca que “el Gobierno ha realizado y seguirá realizando esfuerzos para promover una cultura anticorrupción y de integridad, no solo entre los representantes públicos, sino entre la ciudadanía y las empresas, guiado por los estándares más exigentes”.

“GOBIERNO ABIERTO”

Respecto a las medidas contra la corrupción ya “ejecutadas”, se alude a la Ley de Administración Abierta, que está en fase de anteproyecto, que tiene como objetivo “mejorar la transparencia, la integridad y reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés”.

También se menciona la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto (2025-2029), que cuenta ya “con un borrador” que fue presentado a consulta pública en junio de 2025 y será ahora definitivamente redactado. En él se prevén “medidas de fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, o de mejora de la claridad en la ejecución presupuestaria”.

Otras acciones contra la corrupción a las que alude el Ejecutivo son el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado; el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la creación de dos nuevas Fiscalías de Sala especializadas, respectivamente, en los delitos contra la Administración Pública y los delitos económicos, a través del Real Decreto 1100/2024. Ambos fiscales fueron nombrados en mayo de 2025 (Reales Decretos 365/2025 y 366/2025).

El Gabinete de Sánchez también cita que está en tramitación parlamentaria la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que regula “su código de conducta y el seguimiento de su actividad con relación al procedimiento legislativo”.