El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada hace unos días al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago se había interesado sobre los detalles del préstamo de 53 millones concedido a Plus Ultra en marzo de 2021.

En concreto, Monago pidió al Gobierno que aclarara “de forma completa qué contactos institucionales o extraoficiales se produjeron con intermediarios, empresarios o ex altos cargos en relación con el rescate de Plus Ultra”.

A este respecto, el Gobierno afirma que “toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado, tal y como establece el mencionado Real Decreto-Ley 25/2020 (…)”.

En este decreto se apunta que “los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos”.

PROCESO “EXHAUSTIVO” Y “RIGUROSO”

El Gobierno también esgrime una sentencia del Tribunal Supremo de 2022, según la cual la jurisprudencia y la Constitución habilitan a los miembros de las Cortes Generales para que puedan solicitar información sobre asuntos de interés. Sin embargo, esta facultad de conocimiento por parte de los parlamentarios no puede afectar a cuestiones sobre las que se impone la “reserva”.

No obstante, Monago alegaba en su pregunta que “el ‘caso Plus Ultra’ desborda el ámbito de una mera controversia administrativa y presenta una dimensión exterior e iberoamericana de notable gravedad”. Aludía a que, por la información publicada en prensa, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exsecretario de Estado Pedro Saura hablaron de revertir esta ayuda de 53 millones y de que la SEPI estaba "fuera de control".

Sin embargo, el Gabinete de Pedro Sánchez sostiene que la “concesión o denegación de los apoyos” por parte de la SEPI en la pandemia se hizo “a lo largo de un procedimiento administrativo tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas (…)”.

La contestación añade que también se analizó el “impacto” que la covid-19 tuvo en las compañías; los “planes de viabilidad” que presentaron, así como “sus perspectivas de evolución y las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir”.