Así lo asegura el Ejecutivo en sendas respuestas por escrito a Vox y PP enviadas a la Cámara Baja, en las que pedía que desde La Moncloa se acarasen los contactos oficiales con Díez.

En concreto, Vox se había interesado por las noticias publicadas en prensa sobre Díez, que apuntan que se reunió con abogados, jueces e imputados para conseguir información y perjudicar instrucciones judiciales como la del ‘caso Koldo’

En su pregunta, este partido se refería a que Díez “se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo, entre otros”.

Además, los de Santiago Abascal se interesaban sobre de “qué información dispone el Gobierno en relación con los hechos expuestos” y “qué medidas está impulsando el Ejecutivo para garantizar la independencia de la UCO”.

“NO CONSTA”

Por su parte, el PP preguntaba al Gobierno si “estaba el ministro del Interior al tanto de las reuniones mantenidas por la ex alto cargo del Gobierno Leire Díaz Castro con personas detenidas y procesadas por corrupción para intentar obtener información con la que atacar a mandos policiales”.

Los populares también querían saber si “va a actuar el Ministerio del Interior ante la constatación pública de estas actuaciones en contra de la Guardia Civil por parte de una ex alto cargo del Gobierno”, en referencia a Díez. Esta afiliada ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos desde febrero de 2022 hasta febrero de 2024, donde llegó tras un breve periodo como jefa de área de Relaciones Institucionales. Luego fue consejera en Correos Telecom, filial de la empresa pública.

A este respecto, el Gobierno responde a Vox que “tiene el máximo respeto al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como Policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere”.

Asimismo, en contestación al PP, se añade de que “no consta que la directora general de la Guardia Civil haya celebrado reunión alguna como las descritas en las cuestiones mencionadas en la iniciativa”, en alusión a que se entrevistó con Leire Diez.