El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago había preguntado por la sustitución de “manera anticipada” de Rafael Yuste, hasta ahora responsable de la UCO y que ha ascendido a general de brigada, por el coronel Pedro Merino.

Según este parlamentario, este relevo ha suscitado en la UCO “preocupación” sobre la “posible existencia de presiones o interferencias políticas en el seno de un cuerpo con funciones esenciales para la investigación judicial y la seguridad del Estado”.

Para este representante del PP, “las informaciones que apuntan a intentos de acceso a investigaciones bajo secreto judicial, algunas de ellas presuntamente vinculadas al entorno del propio Gobierno, agravan la percepción de vulnerabilidad institucional y plantean dudas sobre la independencia operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

EVOLUCIÓN “POSITIVA”

Por este motivo, los populares pedían al Ministerio de Interior aclarar las medidas que ha tomado “para prevenir y sancionar eventuales intentos de injerencia política o administrativa en investigaciones judiciales bajo secreto”.

A este respecto, en la contestación recogida por Servimedia, el Ejecutivo indica que la UCO “actúa como Policía Judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere”.

Además, se destaca que “Interior ha incrementado sustancialmente los medios materiales y los recursos humanos necesarios para cumplir su misión”. En concreto, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025, esta unidad “ha experimentado una evolución claramente positiva tanto en su estructura organizativa como en su dotación de personal”.

El catálogo de puestos de trabajo ha crecido un 35,7%, mientras que el número de efectivos disponibles lo ha hecho en un 61,6%, lo que refleja una apuesta decidida por el refuerzo operativo de la unidad. Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2018 al 96,04% en 2025.