El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Congreso, donde el PP había preguntado por “la utilización sistemática del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario” por parte del Gabinete de Pradales para dar permisos a etarras.

Los populares destacaban en su pregunta que la salida de estos reclusos terroristas de las cárceles se estaba produciendo “en un contexto marcado por los acuerdos políticos del Gobierno de España con la izquierda abertzale para garantizar la investidura del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez”.

La formación de Alberto Núñez Feijóo también preguntaba si el Gobierno ha valorado “el daño irreparable que esta política penitenciaria causa a las víctimas del terrorismo, a la memoria democrática y a la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho”.

“CRITERIOS TÉCNICOS”

En la respuesta del Gabinete de Sánchez recogida por Servimedia, se recuerda que, respecto al País Vasco, “la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria fue transferida mediante el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio”.

Al mismo tiempo, se indica que “las decisiones penitenciarias se adoptan con criterios técnicos, conforme a lo previsto en la normativa penitenciaria y con supervisión judicial”.

Por último, el Gobierno subraya que “mantiene un compromiso inequívoco con la memoria, la dignidad, la justicia y las políticas de reparación a las víctimas del terrorismo”.