El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago había preguntado sobre esta cuestión.

A este respecto, Monago pidió saber “qué información obra en poder del Gobierno sobre los contactos, comunicaciones o gestiones mantenidas, directa o indirectamente, con Delcy Rodríguez u otros altos cargos del régimen venezolano en el periodo al que se refieren las diligencias judiciales, y qué departamentos ministeriales tuvieron conocimiento de los mismos”.

Esta respuesta a Monago coincide con que este miércoles el comisionista Víctor de Aldama entregara al juez Ismael Moreno el sobre que, según este encausado, le dio la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. En opinión de este imputado, esta documentación presuntamente probaría la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Además, en su pregunta, el senador popular añadía que “la aparición de nuevos elementos en sede judicial sobre la interlocución de personas del entorno gubernamental con altos cargos del régimen venezolano, incluida Delcy Rodríguez, vuelve a situar bajo escrutinio público la gestión del denominado ‘Delcygate’”. Esta última denominación alude al intento de la ahora presidenta interina de Venezuela de entrar en España por el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020, a pesar de que su acceso estaba vetado a todo el territorio de la Unión Europea y, específicamente, al espacio Schengen.

“SERVICIOS DIPLOMÁTICOS COMPETENTES”

Sobre la pregunta de Monago, el Gabinete de Sánchez señala en su contestación que “en todos los ámbitos, pero particularmente en el caso de Venezuela, la política exterior española va dirigida a defender los intereses de España en un marco de pleno respeto al derecho internacional, de los usos diplomáticos vigentes, y en total coherencia con los principios establecidos en la Constitución Española y en la Carta de las Naciones Unidas: la promoción de la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.

Se añade que “la acción exterior de España en Iberoamérica se caracteriza por el pleno compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”. “Precisamente por ello”, continúa la respuesta, “el Gobierno ha mantenido una política exterior coherente, transparente y alineada con el Derecho Internacional y con las posiciones comunes de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas, lo que es absolutamente reconocido y valorado tanto por los países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones como por nuestros socios de la Unión Europea”.

El Gabinete de Sánchez concluye que “las relaciones con terceros Estados se desarrollan siempre a través de los cauces diplomáticos oficiales, respetando las normas de derecho internacional y las competencias de los servicios exteriores del Estado”. “Cualquier comunicación se enmarca en los instrumentos de política exterior previstos, con la debida participación de los servicios diplomáticos competentes”, remarca.