El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada a la Cámara Alta, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago se había interesado sobre esta cuestión.

Monago aludía, en su pregunta, a que “la actuación de la Embajada de España en Caracas en relación con Plus Ultra Líneas Aéreas plantea dudas relevantes sobre el uso de recursos diplomáticos y la orientación de la acción exterior en un asunto con impacto económico e institucional, especialmente tras un rescate público de 53 millones de euros”.

Añadía que se ha dado a conocer en prensa que hubo “reuniones en dependencias de la representación española (en Caracas)”, así como “comunicaciones con la Cancillería venezolana sobre autorizaciones de vuelos y eventuales solicitudes de trato preferente de la aerolínea frente a compañías españolas como Iberia o Air Europa”.

SEGÚN LA “LEGISLACIÓN VIGENTE”

Por este motivo, el senador popular preguntaba si “ha remitido el Gobierno a la comisión correspondiente del Senado la agenda, listados de asistentes, minutas, notas internas y correos relativos a reuniones celebradas en la Embajada de España en Caracas o en la residencia oficial del embajador con representantes o accionistas de Plus Ultra, y con qué alcance temporal”.

En su contestación, el Gobierno responde a Monago que “actúa conforme a la legislación vigente y en atención a los requerimientos de las comisiones parlamentarias competentes”.

Continúa el Gabinete de Pedro Sánchez, que proporciona “la información que resulte pertinente dentro del alcance temporal y material solicitado, siempre con respeto a los límites legales de confidencialidad procedimental y seguridad diplomática”.

El rescate de Plus Ultra es investigado desde comienzos de este año por la Audiencia Nacional, donde el magistrado José Luis Calama dirige ahora unas diligencias bajo secreto de sumario centradas en determinar si parte de los 53 millones se empleó para devolver préstamos concedidos por otras sociedades, en lugar de sostener la viabilidad de la aerolínea.