Así lo indica el Ejecutivo en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, se había interesado por cómo actuó el Ministerio del Interior ante estos incidentes.

En la contestación a la que ha tenido acceso Servimedia, se afirma que “España ha demostrado su capacidad para organizar grandes eventos tanto deportivos como de cualquier otra naturaleza, garantizando la seguridad y el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales”.

Estas consideraciones se producen después de que algunas etapas de la Vuelta debieron ser suspendidas y que los trofeos finales en Madrid debieron ser dados a los ganadores en el hotel debido a la presión de los manifestantes.

BOICOTS Y PROTESTAS

La 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España estuvo marcada por boicots y protestas propalestinas en diferentes ciudades, destacando Madrid, Bilbao, Lugo y Pontevedra como los principales focos de conflicto. En estas localidades, la presión ciudadana y la interrupción de las etapas obligaron a modificar recorridos y, en ocasiones, a suspender tramos de la carrera.​

El evento comenzó el 23 de agosto en Turín (Italia) y finalizó abruptamente el 14 de septiembre en Madrid, donde miles de manifestantes bloquearon calles como el Paseo del Prado y Atocha, forzando la cancelación de la última etapa a unos 56 kilómetros de la meta. Esta circunstancia impidió la celebración del podio y dejó un precedente negativo para futuras competiciones.​

En total, los disturbios se saldaron con más de 20 detenidos y al menos 22 policías heridos en la capital española. La polémica participación del equipo Israel-Premier Tech convirtió la Vuelta en epicentro de reivindicaciones, que demandaron la exclusión israelí como símbolo de solidaridad con Palestina.

CRÓTICA A ISRAEL

Al mismo tiempo, en la respuesta del Gobierno al PP, se indica que “la postura del Gobierno de España frente a la guerra de Gaza, así como ante los atentados del grupo terrorista Hamás, ha sido clara y contundente desde el inicio del conflicto. Conflicto que Naciones Unidas ha calificado de genocidio”.

Asimismo, desde La Moncloa se apunta que “España condena firmemente las actuaciones de Israel, exige el cese de la violencia, la entrada de ayuda humanitaria y la solución de los dos Estados como única vía para alcanzar una paz duradera y garantizar la seguridad”.