El Ejecutivo de Pedro Sánchez hace esta reflexión en una respuesta por escrito enviada al Senado, donde el parlamentario del PP José Monago se había interesado por la situación del país que preside Nicolás Maduro.

A este respecto, Monago dice en su pregunta que “el reciente informe de la Misión de la ONU documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluyendo torturas, asesinatos y la existencia de más de 800 presos políticos tras un proceso electoral considerado fraudulento”.

Según este senador, “este escenario cuestiona la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y plantea un desafío para la política exterior española, que debe decidir entre mantener una relación bilateral o sumarse con firmeza a una estrategia internacional de presión y sanciones en defensa de la democracia y los derechos humanos”.

“PROCESO POLÍTICO INCLUSIVO”

A este respecto, en la contestación del Gobierno a la que ha tenido acceso Servimedia, desde La Moncloa se afirma que “España está convencida de que la solución para Venezuela pasa por un proceso político inclusivo, negociado entre los propios venezolanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional cuando sea útil, y basado en el Estado de derecho, las libertades públicas y el respeto pleno a los derechos humanos”.

“En ese camino”, afirma el Ejecutivo, “seguiremos denunciando las vulneraciones, reclamando la liberación de los detenidos arbitrariamente -incluidos nuestros ciudadanos- y trabajando con nuestros socios europeos y otros actores relevantes para que Venezuela recupere la estabilidad institucional y democrática por vías pacíficas y acordadas”.

Al mismo tiempo, el Gabinete de Sánchez dice que “condena cualquier forma de tortura, detención arbitraria, asesinato extrajudicial o vulneración de derechos fundamentales, y esa condena incluye muy especialmente los casos que afectan a ciudadanos españoles”.

“La detención arbitraria de nuestros compatriotas”, se apunta, “es un motivo de profunda preocupación y una prioridad constante para el Gobierno, que ha reclamado en múltiples ocasiones su liberación, el respeto de sus derechos y el acceso consular que establece la Convención de Viena de 1963”.

PRESIÓN MILITAR DE TRUMP

Por el contrario, Trump ha intensificado en los últimos meses su estrategia hacia Venezuela, apostando abiertamente por un cambio de régimen, según analistas y declaraciones oficiales. En entrevistas recientes, el presidente estadounidense ha dejado entrever que los días de Maduro en el poder están contados, aunque descarta una guerra abierta.​

La administración Trump ha desplegado la mayor fuerza militar en el Caribe desde 1994, con un total de ocho buques de guerra, incluyendo cruceros lanzamisiles como el USS Gettysburg y el USS Lake Erie, además del portaaviones USS Gerald Ford y equipamiento moderno como aviones F-35. Este despliegue, justificado oficialmente como parte de una operación antidrogas, ha sido interpretado como una presión directa sobre el régimen venezolano.​​

Además, EEUU ha aumentado la recompensa a 50 millones de dólares por el presidente venezolano y autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Al mismo tiempo, está modernizando bases militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en un contexto de presunta preparación para posibles acciones militares que podrían incluir ataques limitados para forzar la salida de Maduro.​​

Expertos señalan que Trump opta por una estrategia agresiva y militarizada, dado que considera poco probable una negociación seria con Maduro, y continúa la campaña de máxima presión con ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y sanciones económicas. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva sobre intervenciones directas, la señal es clara: EEUU busca un cambio de régimen en Venezuela.