Según informó el Ministerio, los recursos financiarán ofertas de Formación Profesional de grados A (acreditaciones parciales de competencias), B (certificados de competencia) y C (certificados profesionales) dirigidos a los trabajadores y las trabajadoras para mejorar sus perspectivas laborales. Estas formaciones deberán impartirse en centros públicos y en centros propios de las comunidades autónomas.

“Esta distribución incorpora además varios criterios para orientar la formación hacia quienes más la necesitan y hacia las demandas de cada territorio”, explicó la ministra Milagros Tolón en rueda de prensa previa a la Conferencia Sectorial.

Así, al menos un 30% de estos fondos deberá destinarse a la formación de personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o que hayan participado en el reciente proceso extraordinario de regulación.

Además, hasta un 25% de la formación podrá dedicarse a competencias básicas, y las actuaciones deberán concentrarse en sectores considerados prioritarios por cada comunidad autónoma, de acuerdo con los planes estratégicos estatales o autonómicos.

El Consejo de Ministros aprobó este reparto el pasado 15 de septiembre, junto a la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores. Las convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están también enfocadas a los sectores que el Gobierno considera estratégicos, en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación.