Así lo explicaron tanto Saiz como el presidente de EAPN, Carlos Susías, ante los medios de comunicación tras reunirse en la sede del Ministerio de Inclusión.

Susías explicó que, durante el encuentro, se abordaron mejoras para el IMV, especialmente enfocados en los avances previstos tras la aprobación de la ley de economía social, que permitirán afrontar mejor las devoluciones indebidas y mejorar la compatibilidad entre el IMV y el empleo, para facilitar la incorporación al mercado laboral sin volver a la prestación.

También señaló que se trató la actualización del registro de entidades colaboradoras, no solo para el IMV sino para las políticas de inclusión en general, reforzando la colaboración con los servicios sociales y la Seguridad Social.

En su caso, Saiz enmarcó la reunión con EAPN en su forma de hacer política, basada en la “escucha activa, la colaboración permanente y el diálogo” con entidades sociales. Saiz refrendó la importancia de mejorar el IMV y puso en valor el papel de su ministerio en la innovación social, destacando el laboratorio de políticas de inclusión como ejemplo de cómo utilizar la evidencia científica para diseñar políticas públicas “eficaces”.

Asimismo, en la reunión abordaron el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que está en trámite. EAPN considera este proceso “necesario y urgente”, y Susías reivindicó que se desarrolle con diálogo con las entidades sociales que participarán en el proceso.

Subrayó también que esta regularización beneficiará a las personas migrantes, al empleo y a la economía, al aflorar situaciones de economía sumergida y evitar competencia desleal.

Saiz envió “tranquilidad” a los migrantes sobre este proceso de regularización, asegurando que el Gobierno está cumpliendo con el calendario previsto y que habrá tiempo suficiente para presentar las solicitudes, pese a que algunas organizaciones sociales señalaron en anteriores días que el proceso puede alargarse.

La ministra reiteró que el procedimiento se ha diseñado “con todas las garantías” y que será “eficaz y ágil”, de manera que todas las personas que cumplan los requisitos puedan presentar su solicitud antes del 30 de junio.

Así, señaló que el calendario sigue su curso a la espera del informe del Consejo de Estado, pero repitió que este trámite no impedirá que se respeten los plazos: “Va a haber tiempo suficiente para que todo el mundo pueda presentar su solicitud en plazo”.

Finalmente, Saiz refrendó el compromiso del Gobierno en la lucha contra los delitos y los discursos de odio dirigidos a personas en situación de exclusión social.