Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tras la publicación en el BOE del Extracto de la Resolución de 10 de octubre de 2025, de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, por la que se determina el crédito disponible a distribuir en la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicadas por Resolución de 13 de junio de 2025.

En concreto, las mismas fuentes recordaron que el año pasado fueron 83 millones y este año, más de 93 millones, al tiempo que indicaron que, en el momento en el que se publica la convocatoria, no se conoce el “dato exacto” y se publica “un rango”.

En el momento de la resolución, sobre la recaudación que comunica Hacienda al ministerio, se publica la cifra definitiva, en este caso 93 millones que le tocan al gabinete de Pablo Bustinduy, que es el que más recibe, pero no el único, por lo que el aumento en la resolución de este año “corresponde 'grosso modo' al aumento de la recaudación este año”.

En este contexto, puntualizaron que el acuerdo presentado a aprobación del Consejo de Ministros autoriza una convocatoria de tramitación anticipada para el tramo estatal, para garantizar que la convocatoria “se haga en tiempos que permitan asegurar la calidad de los programas” presentados por las entidades del Tercer Sector, su “correcta evaluación” por parte de los Centros Directivos de los Ministerios y la realización del pago de las subvenciones antes de concluir el presente ejercicio.

Debido a que, al inicio de la tramitación administrativa de este procedimiento, con la solicitud del Informe de la Abogacía del Estado, todavía no se disponía de los importes definitivos de liquidación, la autorización del Consejo de Ministros recoge un “techo” o importe máximo que se considera autorizado para esta convocatoria.

TECHO

Este “techo” se fija en 96.345.992,90 euros, subdivididos en un crédito inicial de 2.110.270 euros (el importe actualmente disponible en la aplicación presupuestaria), ampliables en hasta 94.135.722,90 euros una vez incorporadas las cuantías correspondientes a las liquidaciones del IRPF y el Impuesto de Sociedades, así como la procedente de las herencias abintestato, esto es, las que se producen cuando una persona muere sin dejar testamento válido.

De acuerdo con la certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el importe definitivo de la liquidación correspondiente al 0,7% de IRPF asciende a 513.110.948,06 euros y la del Impuesto de Sociedades es de 86.348.556,62 euros.

Al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le corresponde gestionar el 77,72% de esta cifra, es decir 465.899.972,04 euros. Y a esto hay que sumar los 3.782.855,77 euros correspondientes al caudal hereditario de los abintestatos, según el certificado emitido por el Tesoro.

Por tanto, el total a gestionar por el ministerio asciende a 469.682.782,81 euros, lo que supone un 12,24% más respecto al año pasado. Esta cuantía se distribuye entre las comunidades autónomas y el Estado de acuerdo al modelo 80%-20%.

En este sentido, la cuantía que finalmente corresponderá a la convocatoria de subvenciones del tramo estatal será de 93.936.556,56 euros. Esto supone un incremento del 12,24% respecto al ejercicio anterior, cuando la cuantía definitiva fue de 83.692.167,74 euros, esto es, más de diez millones de euros menos.

TRAMO AUTONÓMICO

Por su parte, al tramo autonómico le corresponderán un total de 375.746.226,25 euros y este dinero se reparte entre las comunidades autónomas de acuerdo con una serie de indicadores preestablecidos, para que cada una realice su propia convocatoria de subvenciones.

El acuerdo de reparto territorial de estos fondos se llevará a aprobación del Consejo de Ministros en junio, una vez que haya sido aprobado en primera vuelta por el Consejo Territorial.

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de mayo la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para actividades de interés social correspondientes al año 2025.

Las actuaciones subvencionables deberán ser programas estatales orientados a la generación de conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de la atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria; la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, la lucha contra la violencia de género o la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, entre otros ámbitos.

2024

En 2024, estas subvenciones del 0,7% permitieron financiar 1.078 proyectos de 295 entidades diferentes, con una aportación media de 77.500 euros por programa.

Entre los programas que formaron parte de estas subvenciones el año pasado se encuentran acciones de acción social en distintos ámbitos, incluidos envejecimiento activo y saludable, lucha contra los delitos y discursos de odio, sensibilización sobre violencia contra las mujeres en redes sociales, asistencia integral a víctimas y afectados del terrorismo e inserción laboral de adultos con necesidades educativas o en exclusión.

También, ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo, atención integral a víctimas de violencia de género, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, formación y sensibilización para la prevención del acoso escolar, atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.

En paralelo, también se aplicaron al fomento de la educación, el empleo y la inclusión social de jóvenes, prevención de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, formación sobre discriminación racial y otras formas de intolerancia y sensibilización de la salud mental en la infancia y la adolescencia.