Díaz se expresó en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó el Estatuto del Becario en segunda vuelta, por lo que ahora ya se inicia la tramitación parlamentaria, sin garantías de que la norma pueda ver la luz, ya que Junts, PP y Vox podrían tumbar el texto, como ya sucedió con la ley de reducción de jornada el pasado año.

El texto recoge medidas como la limitación del número de personas en práctica que puede haber en función del tamaño de la plantilla de las empresas, impide que los becarios sustituyan a empleados o desarrollen su labor por las noches y fija que la Inspección de Trabajo tenga acceso a la documentación de las prácticas. Los incumplimientos pueden generar sanciones de hasta 225.000 euros.

La vicepresidenta segunda recordó que se trata de una norma que es un mandato de la reforma laboral pactada en 2021 con sindicatos y patronal y denunció que apenas hay en España 4.500 contratos de formación y sentenció que “no se usan sencillamente porque el campo está abonado para el abuso”.

Asumió que el texto tendrá oposición fuerte, porque “cuando se lucha contra la precariedad hay fuelles que se resisten en muchos lugares”. “Si uno tiene a su disposición dos millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos y demás, a pesar de que hemos dado la cotización social a esas personas, pues obviamente no acude al mecanismo reglado y oficial”, aseveró.

Puso como ejemplo que los becarios en medios de comunicación no podrán publicar noticias porque las empresas no pueden lucrarse con su labor, sino solo formarles y arguyó que esto no es algo que ella decida, sino que responde a la doctrina del Tribunal Supremo en España.

Asimismo, señaló que “el Gobierno hace lo que tiene que hacer”, que es el “bien” con esta norma y, ante el riesgo de que fracase en el Parlamento, se dirigió “claramente” al PP para preguntar si el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, “está del lado de la juventud de nuestro país o va a volver a golpearles en la cara”.

En este punto, la titular de la cartera de Trabajo disparó dialécticamente también contra el presidente de la CEOE, de quien dijo que “desde que se ha hecho una foto” con el presidente de Argentina, Javier Milei, “está irreconocible”.

Garamendi rechazó nuevamente este martes el Estatuto del Becario, a lo que Díaz respondió que él “está en campaña para ser reelegido” y “se coloca en contra de la ley y del tribunal supremo en España”.

“Es decir, se está colocando del lado del fraude en nuestro país. Y yo le pido a la patronal española, de verdad, que se coloque del lado de la ley y del tribunal supremo en España, no del lado del Gobierno de España, sino de la legalidad en nuestro país”, apuntaló.

MEDIDAS

Entre 2021 y 2025, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones. Ahora, con esta norma queda delimitada la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas lo que aporta, además, seguridad jurídica para las personas en prácticas y facilita la labor inspectora que también dispondrá de un régimen sancionador más riguroso con multas de hasta 225.018 euros en su grado máximo.

Las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o los determinados por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario se presumirá una relación laboral. También se considerará que existe una relación laboral si la persona en prácticas sustituye las funciones de una persona trabajadora o cuando el itinerario formativo y la actividad desarrollada en la empresa no están vinculados.

Las empresas deberán firmar un acuerdo o un convenio de cooperación con el centro formativo autorizado que recoja, entre otros aspectos la duración máxima de los periodos de prácticas laborales, planes de formación individual con itinerarios formativos y la adscripción a una persona tutora designada por la empresa en coordinación con la persona tutora del centro educativo.

Cada tutor podrá tener, como máximo, de modo simultáneo, a cinco personas en formación práctica, que serán tres en el caso de centros de trabajo de menos de treinta personas de plantilla.

El número de personas en formación práctica no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla total del centro de trabajo. Eso sí, para no perjudicar a las pymes, cualquier empresa podrá tener a dos personas en formación práctica no laboral, independientemente de su tamaño.

Para evitar la discriminación económica, se prohíbe el acceso a la formación práctica mediante el pago. Además, se establece el derecho a la compensación de gastos. Las personas en prácticas también tendrán derecho a acceder a todos los servicios con los que cuenten los empleados el centro de trabajo.

Asimismo, se reconoce el derecho a que se respeten los límites y descansos, incluidos días festivos y vacaciones, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables a las personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa.

Se deberá garantizar la compatibilidad de estas prácticas con el resto de la actividad formativa en el centro de formación, así como, en su caso, siempre que la disponibilidad de la empresa lo permita, con la actividad laboral.

Finalmente, también se establece el derecho a la protección de la seguridad y salud frente al acoso, ya que la práctica formativa se desarrolla en el marco de la empresa o institución ajena al centro académico.

RETRASOS

El texto se aprueba con un gran retraso respecto de los planes iniciales de Yolanda Díaz. Así, tras más de un año de negociaciones, el Ministerio de Trabajo cerró antes del verano de 2023 un acuerdo solo con los sindicatos, pues CEOE y Cepyme se descolgaron finalmente.

No obstante, diferencias entre la parte del Ejecutivo liderada por Yolanda Díaz y el ala socialista impidieron que se pudiera aprobar, pues desde el ámbito del PSOE se apuntó que la norma estaba todavía “muy verde”. No hubo tiempo de seguir negociando, en un contexto marcado por el adelanto de elecciones al 23 de julio de ese año llevado a cabo por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Cuando se negoció el acuerdo de Gobierno para la nueva legislatura, Sumar logró incorporar en el texto de la hoja de ruta de la coalición la aprobación del Estatuto del Becario, sin detalles de plazos ni de contenidos. Ahora, dos años después, el Consejo de Ministros alumbra el proyecto de ley para pasar ahora al Congreso, donde se enfrentará al reto de buscar apoyos parlamentarios suficientes, en una coyuntura en la que Junts, PP y Vox ya tumbaron, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral.