Según la información difundida por el Ministerio de Sanidad, la reforma responde a los "profundos" cambios sociales, asistenciales y organizativos producidos durante las últimas dos décadas y parte del principio de que "la calidad de la sanidad pública depende también de las condiciones en las que trabajan sus profesionales".

El departamento que capitanea Mónica García defiende que el nuevo Estatuto establece un marco común de derechos y garantías para todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, "respetando al mismo tiempo las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de planificación, ordenación y materialización de las condiciones laborales y de la gestión de sus servicios de salud".

La norma sustituirá al Estatuto Marco de 2003 y supone el primer paso en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales tras 23 años de "inmovilismo". Según el Ministerio, "el proyecto introduce mejoras sustanciales respetando las competencias en materia de salud de las comunidades autónomas armonizando las condiciones mínimas comunes en materia de derechos laborales para todo el territorio".

Así, el proyecto reduce las horas de guardia a un máximo de 17 horas "sin perjuicio de que cada servicio de salud podrá negociar y acordar jornadas inferiores de 12 horas o trabajo por turnos".

El Ejecutivo también considera que el nuevo texto, que tendrá que ser tramitado en el Parlamento, "impulsa la estabilidad en el empleo, con procesos de selección periódicos al menos cada dos años, y establece un sistema de movilidad voluntaria mediante concurso abierto y permanente"; "limita el número de guardias semanales a una, al limitar a 45 horas máximo el cómputo semanal"; "refuerza la conciliación, garantiza los descansos, la protección de la salud física y mental, la desconexión digital y la protección frente a las agresiones" y reconoce las "particularidades" de los puestos de difícil cobertura, "profesionaliza la función directiva" e incorpora por primera vez al personal investigador dentro del régimen estatutario.

El Gobierno subrayó que uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo, "mejorando el límite de 48 horas semanales establecido por la normativa europea, al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales de trabajo, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral".