A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno español rechazó las ejecuciones de opositores, al tiempo que reitera su posición contraria a la pena de muerte, que calificó de “castigo inhumano, contrario a los derechos humanos más fundamentales de vida y dignidad”.

El Ejecutivo reiteró su condena “a la sangrienta represión del régimen de Irán sobre su población y especialmente contra los manifestantes pacíficos”, que denunció fueron en muchos casos “asesinados o ejecutados tras juicios sumarios, o detenidos arbitrariamente”.

Asimismo, insistió en su “firme condena” a los ataques “indiscriminados” del régimen iraní contra la población civil, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y la región, tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel contra el país de los Ayatolás.

Para el Gobierno, con los ataques a países del Golfo Irán está “violando sistemáticamente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y provocando consecuencias medioambientales y económicas imprevisibles”.

En consecuencia, y después de trasladar sus condolencias “a las familias de los fallecidos, y su solidaridad a todas las víctimas de esos ataques”, el Ejecutivo español exigió al régimen iraní a poner fin a los ataques contra los países del Golfo y de la región, “así como a desbloquear la navegación en el estrecho de Ormuz”.

Finalmente, llamó a todas las partes “a la contención y a desescalar el conflicto, cuyo impacto desestabilizador ya tiene alcance global”.