A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo “condenó firmemente” las decisiones israelíes, de entre las que destacó la de dejar sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad en Cisjordania, así como las medidas administrativas que le conceden jurisdicción sobre violaciones de gestión de aguas, daños medioambientales o en espacios arqueológicos en las áreas A y B.

Estas decisiones, recalcó, “son contrarias al derecho internacional, modifican el status quo en Cisjordania”, y amenazan la viabilidad y la unidad territorial y política de un Estado palestino de conformidad con la delimitación de 1967, que comprenda Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Este como capital.

Además, el Gobierno reiteró su preocupación por las sucesivas decisiones del gobierno israelí que afectan a Cisjordania, expandiendo los asentamientos, ilegales conforme al derecho internacional.

En este sentido, insistió en su condena a la aprobación en diciembre de 19 nuevos asentamientos, o los desarrollos en el proyecto E1. Estas medidas y cualquier intento de anexión “son inaceptables”, subrayó, y aseveró que “ponen en riesgo los actuales esfuerzos para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, incrementando el riesgo de desencadenar una nueva ola de violencia”.

Finalmente, el Ejecutivo español urgió al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante según el IV Convenio de Ginebra, “y a poner fin a su ofensiva expansionista, así como a la impunidad que protege a los colonos”.

“Instamos a todas las partes a respetar sus obligaciones conforme a la Resolución 2803, y a trabajar para la implementación de la solución de los dos Estados, conforme a la Declaración de Nueva York”, apostilló en su comunicado.