En el Gobierno continúan señalando la "incomprensión" que les suponen las medidas cautelares impuestas a la mujer del presidente, entre ellas, la que le impide salir de España y más "de cara a las vacaciones de verano" y confían en que la Justicia las "revoque".

Esta semana, Antonio Viejo, el juez sustituto de Juan Carlos Peinado, quien lleva la instrucción de la causa por la que Gómez está investigada, permitió que la mujer del presidente acudiera a Bristol para la graduación de su hija. Sin embargo, no se le permitió acompañar a su marido a la Cumbre de la OTAN que se celebró un día antes en Ankara (Turquía).

En el Ejecutivo siguen considerando "inexplicable" esta situación. En esa línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo que la decisión es "arbitraria".

Según explicó, tanto el Reino Unido como Turquía están fuera de la UE. Por ello, cuestionó el criterio utilizado por el magistrado para autorizar el viaje de Gómez a la graduación de su hija y no su asistencia a la cumbre de la OTAN junto al presidente del Gobierno.

Bolaños subrayó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que España sí mantiene con ambos países una cooperación judicial y policial “extraordinaria”. Por tanto, en el Ejecutivo aseguran no entender la decisión del juez.

MORANT CONTRA PEINADO

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, calificó las medidas de "desproporcionadas" en unas declaraciones realizadas con motivo de un acto en Valencia y apuntó directamente a Peinado al afirmar que "ha querido desde el principio hacer política".

A su vez, la Fiscalía contrarresta la tesis del magistrado Peinado con vistas a un futuro juicio con jurado y esgrime el principal motivo que también repiten a menudo varios miembros del Ejecutivo. Así en su escrito de 25 páginas señala que "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal", puesto que "sin delito no hay autor".

Con este informe, la Fiscalía contrarresta la tesis del juez instructor, que atribuye a Gómez cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida). En el Gobierno se mantienen atentos y a la espera del desarrollo de la causa, manteniéndose firmes en los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y en su convicción de que "nunca se debería haber llegado hasta aquí".