Así lo señaló Margarita Robles a los medios de comunicación tras mantener un encuentro por videoconferencia con el contingente español en Mali, desde la sede del Ministerio. La ministra aseveró que el Ejecutivo estudia desclasificar documentos relativos a la investigación autorizada al CNI de algunos líderes del procés, antes de que la exdirectora del centro, Paz Esteban, declare como investigada en el llamado ‘caso Pegasus’ de espionaje cibernético contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El titular del juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, citó a declarar a Esteban este 13 de diciembre, pero hoy mismo ‘The Objective’ avanzó que el magistrado ha aplazado la declaración prevista para este miércoles a petición de la defensa de Esteban, un extremo que confirmó Servimedia en fuentes jurídicas. La ministra de Defensa apuntó que la nueva fecha será “a finales de enero”.

En su auto de mediados de octubre, el magistrado citó a Esteban como imputada y al president catalán en calidad de perjudicado. Además, solicitó documentación al CNI; a la empresa israelí NSO Group, que fabrica y vende el software espía ‘Pegasus’; y al Tribunal Supremo (TS) para que aclare si autorizó el espionaje.

VARIOS JUZGADOS

La investigación por la presunta intromisión en los dispositivos móviles de líderes independentistas catalanes está siendo efectuada por varios juzgados, entre ellos éste de Barcelona, el primero que cita como investigado a un responsable del Centro Nacional de Inteligencia.

Esta causa en concreto se estudia en un juzgado catalán por que fue el propio Aragonès quien presentó una querella por haber sido supuestamente espiado por el CNI, sin que por el momento esté claro si esos rastreos contaban con autorización judicial.

El Gobierno de Pedro Sánchez destituyó a Paz Esteban en mayo del año pasado tras las exigencias planteadas por ERC para seguir contando con su apoyo. La exdirectora del CNI compareció antes de su relevo ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, donde desveló que ordenó escuchas a 18 independentistas por orden judicial. Entre las personas monitorizadas estaba el presidente de la Generalitat.