Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Senado recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP Agustín Almodóbar se interesó por esta cuestión.

En concreto, este senador se refería en su pregunta a “por qué el Gobierno optó por ignorar las advertencias de toda la industria turística española que desde el primer momento alertaron de la inviabilidad del sistema de registro de viajeros del Real Decreto 933/2021”.

Este decreto entró en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, en concreto en abril 2022. No obstante, las obligaciones de comunicación de datos del registro de viajeros empezaron a producirse a partir del 2 de enero de 2023.

Tras la entrada en vigor de esta norma, se exige a hoteles y a empresas de alquiler de vehículos una serie de datos de viajeros. Entre ellos hay información personal (como nombre y apellidos, fecha de nacimiento y nacionalidad); fechas de entrada y salida, número de acompañantes y, en su caso, la relación con menores que viajan con el titular.

DATOS SIN MÁS REFORMAS

Respecto a la pregunta del PP, el Ejecutivo afirma que el Registro de Viajeros “se encuentra en vigor y se están desplegando todos los efectos perseguidos”.

Se indica que esta normativa da “cobertura a nuevas modalidades de actividades de hospedaje y de intermediación, que son de suma importancia para la labor de prevención y protección de la seguridad ciudadana que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como modernizar el sistema de transmisión de esta información, mediante sistemas de comunicación electrónica”.

Al mismo tiempo, la contestación apunta que los ministerios de Interior e Industria y Turismo han mantenido “un diálogo activo, permanente y fluido de comunicación con los actores más representativos del sector a través de diferentes canales”.

No obstante, se afirma que “en este momento, y en cumplimiento de las previsiones de la propia norma, se está trabajando en la posible revisión del contenido del ‘Anexo’ en el que se recogen los datos exigibles a los sujetos obligados, para adaptarlo a las nuevas exigencias apreciadas tras la aplicación práctica de la norma y exigencias del sector”.

Sin embargo, “en ningún caso se prevé acometer ninguna otra reforma” del decreto que introdujo el Registro de Viajeros “ni ninguna otra alteración no prevista” en el articulado de esta norma.