Torres hizo estas declaraciones tras una reunión con el Ejecutivo canario centrada en dicha resolución, en la que también participaron el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo; representantes de los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que intervino por vía telemática.

En declaraciones a la prensa, Torres precisó que el Supremo “no dice que esos menores deban quedarse en Canarias o irse a otro lugar”. “Lo que dice es que deben estar en el Sistema Nacional de Acogida”, que es estatal, aclaró, y “así lo vamos a hacer”.

Sin embargo, “creo que todo el mundo comparte, también el Tribunal Supremo, que esos .000 menores no pueden tratarse como una bolsa que se pasa de un lugar a otro en 10 días”, recalcó. Por ello, el ministro insistió en que los traslados de estos menores –unos 500 tienen ya reconocida la protección internacional y otros 500 pueden solicitarla- “se debe analizar de forma individualizada”. “Caso a caso y circunstancia a circunstancia”, en función de “su arraigo”, exigió.

Explicó que “obviamente, no es lo mismo” la situación de “un menor de 8 años, que puede estar con una familia y escolarizado”, a la de “un adolescente de 17 años”, a punto de cumplir la mayoría de edad y que, gracias a su estatus de refugiado, tiene permiso de trabajo.

CONVALIDACIÓN DEL DECRETO-LEY

Torres quiso subrayar que el auto del Supremo aseguraba que “el hacinamiento de estos menores” estaba vulnerando sus derechos fundamentales.

En este punto, defendió que el decreto ley para modificar el artículo 35 de la Ley de extranjería y permitir los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando un sistema de protección llegue al triple de su capacidad servirá para solucionar estas situaciones de “hacinamiento, no solo para los 1.000 menores solicitantes de asilo, sino para más de 4.400” que actualmente residen en Canarias y en Ceuta.

El Congreso de los Diputados debe deberá convalidar este decreto ley el próximo jueves, por lo que Torres invitó al PP a sumarse a esta iniciativa, que “no entiendo por qué” rechaza. “Si el jueves no sale adelante el resultado puede ser dramático”, advirtió. Insistió en que esta medida es “previa” al auto del Supremo y permitirá “una respuesta estructural y sistemática al hacinamiento de menores en los territorios fronterizos”.

Preguntado sobre la negativa de Aragón a facilitar los datos sobre el número de menores migrantes acogidos en su sistema de protección, Torres aseguró que, si “pasados unos días” no se ha resuelto, “acudiremos a los instrumentos admistrativos y judiciales que hagan falta para hacer cumplir” la ley.