Rego explicó que existen numerosas solicitudes de familias interesadas en participar en estos programas y defendió que todas las alternativas se están analizando con el objetivo de proteger a los menores y aliviar la presión que soporta actualmente el sistema de acogida ceutí.

La ministra realizó estas declaraciones al término de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, en la que el Gobierno central y las comunidades aprobaron por unanimidad la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados".

Rego defendió la necesidad de abordar la situación "desde la protección de la infancia" y rechazó las propuestas que apuestan por retornos generalizados. "Las deportaciones masivas no son una solución", afirmó, y reclamó además una respuesta basada en "la cooperación entre administraciones y el interés superior del menor". La ministra insistió en que el Ejecutivo trabaja en distintas vías "para mejorar la acogida y atención de los menores que permanecen en Ceuta".

Entre estas figura la propuesta ya trasladada a las comunidades para facilitar la salida de unas 500 niñas consideradas "especialmente vulnerables" hacia recursos especializados ubicados en la Península. Esta fórmula permitiría que las menores fueran atendidas por entidades de protección a la infancia y otros recursos especializados, como ONG, sin necesidad de transferir la tutela a las comunidades autónomas, que seguiría correspondiendo a la ciudad autónoma de Ceuta.

Rego señaló que el Gobierno estudia "todas las posibilidades disponibles para ampliar las plazas de acogida" y reiteró que también existen familias que "han trasladado su disposición a participar en programas de acogimiento". A su juicio, la prioridad debe centrarse en "ofrecer a los menores entornos seguros y adecuados mientras se resuelve su situación administrativa y personal".

La ministra insistió en que cualquier eventual retorno debe resolverse "de forma individualizada y con todas las garantías jurídicas" y que su departamento ha pedido a las comunidades que estudien distintas fórmulas para aliviar la presión sobre Ceuta, entre ellas "convenios bilaterales, acogidas mediante entidades especializadas, el mecanismo de distribución entre autonomías previsto en el real decreto ya en vigor y programas de acogimiento familiar". Estas medidas buscan "proteger en primer lugar a los perfiles más vulnerables" y reducir progresivamente el número de menores acogidos en Ceuta.

PETICIÓN DE SOLIDARIDAD A EUROPA

Rego confirmó además que los primeros expedientes para estudiar posibles reagrupaciones familiares, que es la primera medida contemplada, ya han comenzado a tramitarse, aunque insistió en que ese procedimiento "requiere entrevistas individualizadas, intervención de la Fiscalía y comprobaciones con los países de origen". No obstante, reconoció que "en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno".

Finalmente, la ministra reclamó una respuesta europea "solidaria y vinculante" ante los movimientos migratorios y defendió la apertura de vías legales y seguras. A su juicio, muchos de los proyectos migratorios de quienes llegan a Ceuta, Melilla o Canarias tienen como destino final otros países de la Unión Europea, por lo que consideró necesario un mayor reparto de responsabilidades entre los socios comunitarios.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió que Ceuta no debe afrontar en solitario la actual presión migratoria y subrayó que Canarias ya vivió una situación semejante. También reclamó una respuesta coordinada por parte del Estado y de la Unión Europea.

Delgado pidió acelerar la tramitación de los expedientes de los menores y recordó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo contempla mecanismos para su reubicación, tanto dentro de España como en otros países europeos. Además, consideró que la ayuda extraordinaria de 25 millones aprobada por la Conferencia Sectorial "podría agotarse en pocos meses y reclamó una financiación adicional para garantizar una atención adecuada".

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, señaló que existe acuerdo en la necesidad de incrementar la ayuda a la ciudad autónoma y recalcó que los 25 millones de euros aprobados este jueves resultan "absolutamente insuficientes". Dávila rechazó además las fórmulas planteadas por el ministerio para trasladar menores a la Península al considerar que el Gobierno busca trasladar a las comunidades autónomas "un problema que ha generado el propio Gobierno de España" por su gestión de la política migratoria y del control de fronteras.

APOYO CATALÁN AL GOBIERNO

El consejero de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, expresó el apoyo de Cataluña a las actuaciones impulsadas por el Gobierno para responder a la situación de los menores migrantes en Ceuta y reclamó una solución coordinada entre todas las administraciones: "La respuesta solo podrá llegar "desde la cooperación de todas las comunidades autónomas y desde el cumplimiento íntegro de la legalidad".

Asimismo, pidió al Partido Popular que actúe "con responsabilidad" y "altura de miras" ante una situación que calificó de "crisis humanitaria", al tiempo que defendió una respuesta conjunta del Gobierno, las autonomías y las instituciones europeas.

Sobre la ausencia de las comunidades gobernadas por PP y Vox Moreno sostuvo que la formación de Santiago Abascal busca "generar conflicto" y obtener "rédito político" de la situación. "Vox no está, tampoco les esperábamos", afirmó, pero expresó su confianza en que "el Partido Popular no asuma algunos de los planteamientos defendidos por ese partido".

Al término de la Conferencia Sectorial fuentes ministeriales confirmaron a Servimedia que las diferentes autonomías estaban de acuerdo en convocar una nueva conferencia para abordar todas las cuestiones relativas a esta crisis migratoria que han quedado pendientes y añadieron que Infancia y Juventud agilizaría las gestiones para que se celebre una mayor brevedad posible.