Así lo precisó durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a la interpelación del PNV sobre las medidas de implementación diseñadas para aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea.

En el transcurso de su alocución, Saiz subrayó que la capacidad adecuada de España para acoger a personas sometidas a este procedimiento será de 3.301, aunque el número de plazas puestas a disposición para el procedimiento “será mucho mayor”.

“Las 3.301 plazas estarán en todo caso disponibles para el procedimiento de frontera el 12 de junio de 2026”, afirmó, en relación a la fecha de entrada en vigor de la norma.

En paralelo, indicó que el objetivo de su ministerio es también “mantener estable la red" de acogida actual, con un número similar de centros, ubicaciones, entidades colaboradoras y prestaciones.

DERECHOS HUMANOS

“Es decir, mantener el modelo migratorio español caracterizado por una defensa estricta de los derechos humanos y que hoy en día es el más avanzado en materia de acogida en toda Europa”, celebró.

La ministra reivindicó que Europa necesita una política migratoria “integral, europea y humana, que combine control y legalidad con cooperación internacional, vías regulares y trabajo conjunto con los países de origen y tránsito”.

“Este Gobierno, consciente de la dimensión internacional del fenómeno migratorio, está haciendo un enorme esfuerzo diplomático y de trabajo conjunto con los países de la Unión Europea, pero también países de origen y tránsito para lograr una inmigración regular, ordenada y segura”, aseveró, al tiempo que destacó que España tiene firmados convenios con más de 20 países “que están ofreciendo resultados positivos tanto para nuestro mercado laboral como para los países de origen”.

A este respecto, señaló que “gracias” a esta política “se han reducido sustancialmente el número de llegadas a España por vía marítima y terrestre a nuestras islas y costas”. “En concreto, el pasado año se redujeron en un 42,6% las llegadas irregulares”, deslizó, al tiempo que calculó una reducción de casi el 50% en los cuatro primeros meses del presente año.

MOVIMIENTOS GLOBALIZADOS

“En este contexto, en un mundo donde los movimientos migratorios están globalizados, España está firmemente comprometida con los instrumentos de gobernanza migratoria más importantes que hay en la actualidad”, añadió, al tiempo que defendió que España “ha desempeñado un papel especialmente activo en la puesta en marcha del pacto desde el primer momento” y es “un firme defensor del pacto en su conjunto y de su plena aplicación”.

En la misma línea, avanzó que España “garantiza plenamente el cumplimiento” del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo desde su entrada en vigor y “lo hará tanto mediante las adaptaciones normativas necesarias como a través de las medidas operativas y procedimentales ya desplegadas por la Administración General del Estado”.

“El Gobierno de España se reafirma en un modelo que descansa en el respeto a las personas de sus derechos fundamentales, yendo más allá de una gestión migratoria basada exclusivamente en el control de fronteras, porque proteger las fronteras europeas y proteger los derechos humanos no son objetivos incompatibles. Esa es precisamente la posición que España ha defendido en Europa y la que va a seguir defendiendo”, sentenció, al tiempo que garantizó la “colaboración” con las comunidades autónomas en lo que se refiere a “informarlas sobre las medidas adoptadas” y las “expectativas respecto a la implementación del pacto”.

En este sentido, señaló que “próximamente” espera “poder abordarlo formalmente con todas” en una conferencia sectorial de migraciones así como también como la “hoja de ruta de este ministerio para su ejecución”.

PUERTA ABIERTA

“La puerta de la colaboración y la cooperación en la gestión de flujos migratorios y su impacto siempre ha estado abierta y va a seguir estando, con independencia de la entrada en vigor del pacto, para abordar las necesidades que tengan las diferentes comunidades autónomas”, concluyó.

Por su parte, la senadora Nerea Ahedo subrayó que el fenómeno de la migración no precisa de “respuestas improvisadas, sino que requiere una estrategia estable, coordinada, definida” y dijo esperar que dicho pacto, que entra en vigor en junio, “no se centre solo en el control, sino en derechos humanos y en dignidad”, al tiempo que lamentó la “incertidumbre por falta de información” en torno al proceso.

“No se han concretado los mecanismos de aplicación, pero tampoco se sabe si hay elaborado algún tipo de protocolo, cuáles son los criterios en el reglamento de triaje, los recursos con los que se contará”, criticó, al tiempo que lamentó que las comunidades autónomas “no han tenido ni voz ni voto, no han participado ni han recibido información sobre el plan de implementación” y a estas altura “no saben qué va a suponer la puesta en marcha del pacto”, porque, a su juicio, “ha habido una gestión totalmente unilateral y opaca”.

Por último, indicó que el Gobierno “no se ha caracterizado ni por agilidad ni por información” y denunció que la gestión de la migración por parte del Ejecutivo “ha sido reactiva, no planificada, ni siquiera unificada” y volvió a exigir “una política migratoria estable y coordinada” así como “participación activa” de las autonomías en la implementación del pacto, “con voz y voto, siendo parte del mecanismo de seguimiento”.